A los nefastos paseos de la muerte que clínicas y hospitales han impuesto en algunos lugares del país para evitar que lleguen pacientes sin carné o forma de pagar se suma el que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) están poniendo en práctica: el paseo de las autorizaciones, largos e interminables trámites y filas para acceder a una cita, una cirugía o un medicamento, a pesar de que en la mayoría de los casos están en la obligación de prestar el servicio.

El ejemplo más claro de esa inhumana tramitomanía, que no se veía desde los nefastos tiempos del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), tuvo lugar el martes pasado cuando José Ángel Chíquiza, un diabético de 58 años, murió en las oficinas de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) esperando a que le aprobaran la diálisis que lo mantenía con vida desde hacía varios años.

La EPS Salud Cóndor le prestaba habitualmente el tratamiento, pero debido a la ineficiencia que se tomó a la entidad y a la forma descarada como los dueños se apropiaron de recursos públicos, el gobierno ordenó intervenirla y liquidarla. Los afiliados, entre ellos Chíquiza, empezaron a ser trasladados a otras entidades, en una improvisación que está poniendo a miles y miles de pacientes en riesgo, pues las EPS a las que son remitidos tratan de frenar la prestación de servicios para evitar que el gasto médico se dispare y afecte sus finanzas.

En efecto, el caso de Chíquiza revela el peligro en el que están más de 15 millones de colombianos, niños, ancianos, mujeres y hombres afiliados a las EPS, en su mayoría del régimen subsidiado, que están intervenidas o en proceso de liquidación. Ante eso la nueva entidad les suele poner toda clase de trabas y los trata como si fueran pacientes nuevos a quienes hay que exigir documentos y requisitos interminables antes de atenderlos. La tramitomanía y los formalismos son más importantes hoy para una EPS, un hospital, una clínica, que la salud y la dignidad de los pacientes.

Pero, paradójicamente, la situación en parte fue desencadenada por los esfuerzos del gobierno por controlar a los corruptos. “La persecución desatada por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para evitar que se sigan robando la plata de la salud, han creado un temor generalizado en el que nadie quiere firmar ni hacerse responsable por lo que no esté ajustado a la norma. Por ejemplo, si atendemos a un paciente de urgencia que no estaba afiliado o era de otra EPS, nos están denunciando porque desviamos recursos públicos, como si se tratara de un extraterrestre”, dice el presidente de una de las EPS más grandes del país.

Esto queda claro en el caso de Chíquiza, que muestra la fragmentación del sistema de salud. Una persona solo es atendida fácilmente si está afiliada a una EPS, tiene un carné o está en el sistema de información. Quienes estén por fuera y no demuestren sus credenciales, están en el limbo. No son ni siquiera colombianos que tienen derecho a la salud.

También queda en evidencia la falta de dirección, vigilancia y control, no solo de la Superintendencia de Salud y del gobierno, sino de los propios alcaldes y gobernadores, que tienen la obligación de velar por la atención de las personas.
En el caso de Bogotá, el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le echa la culpa a la EPS; Comfacundi a Salud Cóndor por no enviarle la historia clínica; la Superintendencia a todos, y el nuevo defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dice que denunciará a la Secretaría y a Comfacundi. En medio de este ping pong, miles y miles de pacientes son sometidos diariamente a hacer filas para que los atiendan o les den una aspirina, sin nadie que los oriente o los defienda.
En últimas, la salud está dejando más muertos que la misma guerra. Que la tragedia de la familia Chíquiza sirva, de una vez por todas, para devolverle la dignidad a la salud.

FOTOS TOMADAS DE
http://www.noticesar.com/2010/04/nuevo-caso-de-paseo-de-la-muerte-en.html

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