Cuando ya comenzaban a sonar los villancicos y el país se preparaba para rezar la Novena, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lanzó una idea sorpresiva: reformar la política. En una entrevista publicada en El Tiempo, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, esbozó la propuesta.

La sorpresa fue por dos razones. Primero, por el momento en el que hizo el anuncio. Nadie se explica cómo un gobierno en vísperas de elecciones impulsará una reforma que amerita ocho debates en el Congreso, cuando la legislatura está por acabarse y los congresistas están en campaña de reelección. Y segundo, porque las reformas al periodo presidencial, a la organización política y a la figura del vicepresidente –que fueron los temas sugeridos– ameritan una reflexión profunda.

Varios partidos coincidieron en que es necesaria una reforma política, no obstante, la propuesta es para el Congreso que viene. Las razones por las que están de acuerdo son obvias: la desconfianza en las instituciones, la agitación política por cuenta de fallos como el del procurador contra el alcalde Gustavo Petro, las peleas entre órganos de control y un umbral electoral que está cerrándoles cada vez más las posibilidades a las minorías ameritan una revisión.

El problema es que no se han desarrollado todas las figuras que la Constitución de 1991 ordenó crear y, en cambio, como lo han señalado varios analistas, esta ya lleva más de 40 enmiendas. Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, “aquí se plantean reformas sobre crisis coyunturales. Tenemos una posición reactiva pero esas reformas no llegan a ninguna parte”.

Lo que no se dijo al principio es que detrás del anuncio de reforma política hay una estrategia electoral. Semana conoció que la Fundación Buen Gobierno, coordinadora de la campaña de Santos, es la encargada de formular cuál sería el contenido de los cambios a la Carta. Así, el próximo 25 de enero el presidente contaría con una propuesta en sus manos. Se trata de una reforma que solo podría tramitarse durante el amanecer de un nuevo Congreso y con la fuerza política de una Presidencia recién validada en las urnas.

El representante Alfonso Prada y el senador Juan Fernando Cristo, cuadros políticos de la Fundación Buen Gobierno, coordinan la redacción de un texto. Un grupo de expertos constitucionalistas aporta sus conocimientos. Todos trabajan bajo estrictos controles de la información para no enviar mensajes erráticos al país ni a La Habana. Aunque todavía no hay ninguna decisión, pues la idea es que la propuesta sea el fruto de un amplio consenso, se han planteado cinco temas importantes: eliminar la reelección presidencial y alargar el periodo del mandato, acabar con la figura del vicepresidente y volver a la del designado, convertir la circunscripción nacional de Senado en regional, crear un estatuto para la oposición y reestructurar la organización electoral.

Adiós a la reelección

La reelección presidencial desequilibró el sistema de pesos y contrapesos de las ramas del poder. No obstante, con el argumento de que no era suficiente un periodo presidencial para cumplir algunas tareas se abrió esa puerta. Por eso una de las propuestas sobre la mesa, que incluso hizo parte de las discusiones del Congreso saliente, fue acabar con la figura de la reelección presidencial. En su lugar, el periodo del presidente se ampliaría a seis años. La propuesta no descarta que se amplíen también los mandatos de otros cargos.

El problema es que modificar ese ‘articulito’, como decía Uribe, desajustaría toda la arquitectura con la que fueron diseñados los periodos de elección de los jefes de los organismos de control y los magistrados de las cortes. La fórmula política funciona así: a más tiempo, más poder. Luego habría que reformar los periodos de elección de todos los órganos del Estado y con dificultad el Congreso –que ya ha fracasado en apuestas semejantes– podría hacer unas reformas de ese tamaño.

Además, que el gobierno Santos proponga alargar los períodos de los actuales alcaldes y gobernadores al arranque de la competencia por su propia reelección puede tener sentido institucional, pero envía un mal sabor proselitista.

No más Vicepresidencia

Con la Constitución de 1991 se reestableció la figura del vicepresidente elegido por voto popular. Al estilo de la democracia estadounidense, se consideró que ese cargo debía estar respaldado por votos, así, cuando el presidente faltara, un vicepresidente con la legitimidad que dan las urnas podría lucir la banda presidencial. Eso en el papel suena bien, pero en la práctica las funciones de los vicepresidentes –desde Santander hasta Angelino Garzón– han sido motivo de debate. Desde 1991 ningún vicepresidente ha ocupado el cargo de su jefe, que es su función principal. Como se trata de personas elegidas con cálculo electoral para que compensen las debilidades del mandatario, el riesgo es que lleguen al Solio de Bolívar personas con ideas diferentes a las del presidente.

El más reciente debate sobre esta figura fue cuando Angelino Garzón comenzó a tener una agenda política propia, que en algunos casos lo distanció del Gobierno.

La propuesta de la Fundación Buen Gobierno que hay sobre la mesa es volver a la Designatura. Esta figura, que se utilizó desde 1905 hasta 1991, consiste en que el presidente y el Congreso eligen a una persona de su confianza que lo reemplace en caso de ausencias. Falta ver si la propuesta cuaja. Además, ante la magnitud de las crisis institucionales que hoy enfrenta el país, salir del segundo de a bordo no encabeza la lista de prioridades.

Senado de circunscripción regional

En el paquete de propuestas hay una que causa por lo menos extrañeza y que seguro abrirá un candente debate: se trata de la posibilidad de acabar con la circunscripción nacional de Senado y reemplazarla por una regional. Para el representante Alfonso Prada son dos los argumentos a favor de ese cambio: “La mitad del país no tiene senadores, por eso cuando se discuten temas como el Plan de Desarrollo no se ven reflejados los intereses de algunos departamentos en esos debates. Además, las campañas al Senado se convirtieron en un negocio millonario, que no se explica”, dice.

Así mismo, la propuesta tiene dos obstáculos, uno filosófico y otro de orden práctico. El constituyente de 1991 consideró que el país debía continuar con las dos cámaras del Congreso, una con representación regional y otra, “para que nuevas fuerzas políticas de orden nacional pudieran tener representación política”, explicó el constitucionalista Armando Novoa. Es decir, figuras que tienen votos regados por todo el país, como por ejemplo las fuerzas de izquierda e independientes, tendrían más dificultad para llegar al Senado, que quienes tienen feudos electorales localizados.

Pero el mayor escollo que tiene esa propuesta podría ser el mismo Congreso. Es improbable que los congresistas apoyen iniciativas que podrían afectarlos.

Otros ajustes

El estatuto para darle garantías a la oposición fue, al principio, propuesto por el gobierno de Santos, pero rápidamente cayó en el olvido. En La Habana, sin embargo, las reivindicaciones de las Farc incluyeron este punto. Ahora el gobierno podría lanzar una propuesta en ese sentido. Sin embargo, lo que se diga es incipiente. Lo que pudo establecer Semana es que, para que no haya discordancia con la Mesa de La Habana, el equipo que trabaja en la propuesta se comunica con los negociadores permanentemente.

La reforma también podría incluir un reajuste de la organización electoral, principalmente al Consejo Nacional Electoral.

El origen político de este órgano, que cumple las funciones de un tribunal, ha derivado en la falta de representación de las minorías. Su jurisprudencia, además, no es sólida y para nadie es un secreto que sus decisiones se toman al vaivén de los intereses políticos. La idea es darle rango judicial, cambiar el sistema de elección de sus magistrados y definir mejor sus competencias. Esta iniciativa sería un paso en la dirección correcta, pero enfrenta el mismo problema que el Senado regional: toca poderosos intereses políticos vigentes.

El proyecto de reforma que anunció el ministro Iragorri contiene debates cruciales para la actual crisis de legitimidad que atraviesa el sistema político colombiano. Sin embargo, unas medidas como acabar con la Vicepresidencia son inocuas y otras, como el Senado regional, son inviables hoy. La zanahoria a los actuales mandatarios es impresentable.