La contralora Sandra Morelli anunció que abrió dos procesos de responsabilidad fiscal que ascienden a 134 mil 946 millones de pesos. El primero de ellos es por haber ampliado la extensión del muelle de carga de barcazas en la Ciénaga, de 150 a 589 metros. Es decir, triplicó la extensión sin que al Estado le haya reconocido una suma mayor.

El contrato se firmó en 1992 y, aunque cinco años después se cambiaron las condiciones, según la Contraloría habría un presunto daño que el organismo calcula en 113 mil 988 millones de pesos por no haber ajustado la tarifa a la nueva extensión del muelle.

Otro proceso de responsabilidad fiscal es por utilizar buques de mayor capacidad que los establecidos en el contrato. La Contraloría comprobó que la Drummond estaba cargando en buques de mayor calado, de hasta 160 mil toneladas, por los cuales pagaba una tarifa reducida como si utilizara buques con capacidad de 70 mil toneladas. El detrimento calculado en este caso es de 20 mil 957 millones.

Por estos dos hechos la Contraloría determinó que la responsabilidad recae en American Port Company, una sociedad portuaria de propiedad de la Drummond, y sobre exfuncionarios de la Superintendencia de Puertos y supervisores del contrato de la época, entre los que se encuentran Mayron Adalberto Vergel Armenia, Fernando Alberto Hoyos Escobar, Jesús María Caballero Marín y Rafael Emiro Sanguino Abril.

Sin embargo, la compañía asegura que no es cierto que haya ampliado el muelle de barcazas y que lo que hay es una banda transportadora de cerca de 600 metros que se ciñe a lo que señalaba el contrato inicial. Además dice que esto no tiene ninguna incidencia en la contraprestación económica al Estado. Y frente a la mayor capacidad de los buques afirma que desde un comienzo se permitió que en el puerto atracaran barcos Panamax y Cape Size, que tienen una capacidad mínima de 150 mil toneladas.

A la lista se suma una investigación abierta el año pasado por errores en la liquidación de regalías. Según el organismo de control, el Estado habría dejado de recibir 50 millones de dólares, cerca de 100 mil millones de pesos, en los últimos 10 años por ese concepto. El problema radica en que se utilizó mal la fórmula de amortización para las inversiones en infraestructura de transporte.

La Contraloría ha seguido de cerca el proceso de sanción a la BP por el derrame de petróleo en el golfo de México, pues considera que el mensaje que envía es ejemplarizante en el sentido de que el que causa un daño lo debe reparar y pagar, independientemente del costo que tenga que asumir.

Por eso asegura que la reciente multa impuesta a la Drummond es infinitamente pequeña frente al daño causado en Colombia, lo que fue confirmado en una sentencia de la Corte Constitucional que amparó la tutela de un habitante de Cesar por los problemas de salud que le generó la operación de la compañía.

En efecto, la sentencia T-154 de 2013 de la Corte le ordena a la Drummond instalar maquinaria de última generación y poner en marcha un plan de manejo ambiental en las zonas de influencia. La compañía dijo en su momento que el fallo no estuvo precedido por pruebas de campo, toma de muestras o realización de estudios técnicos que comprobaran si efectivamente hubo contaminación.

A pesar de que está en el ojo del huracán, la Drummond no es la única en líos. La Contraloría tiene investigaciones abiertas a empresas mineras y sociedades portuarias por cerca de 500 mil millones de pesos por contaminación de la bahía de Santa Marta.

De lo ocurrido en las últimas semanas quedan varias lecciones. Una de ellas es que es mejor prevenir a tiempo y no tener que tomar medidas drásticas cuando los problemas han avanzado. La otra es que se está en mora de definir políticas claras tanto para el manejo del medioambiente como para la operación de las compañías, nacionales o extranjeras, que también están en un limbo por el vaivén de las decisiones. Nunca es tarde para emprender debates y corregir el rumbo.