Uno de los resultados esperados del proceso de paz es que el ingreso de la exguerrilla de las Farc a la vida legal genere cambios en la política. La semana pasada el gobierno, por medio del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó un conjunto de propuestas sobre lo que, a su juicio, serían los cambios institucionales indispensables para la nueva etapa. La mayoría de ellos han sido estudiados -y rechazados- en anteriores intentos de reforma política. Pero muchos son considerados cambios positivos y la pregunta es si ahora serán más viables que antes. En los acuerdos con las Farc hay todo un capítulo que se refiere a la participación en política, lo que, junto con el mecanismo expedito de ‘fast track’, podría lograr el consenso y la aprobación parlamentaria que hasta ahora han sido esquivos.

La propuesta más llamativa es la ampliación del periodo presidencial a cinco años. Colombia ha tenido fórmulas muy diversas en esta materia, pero después de haber tenido mandatos de cuatro años sin reelección inmediata durante casi todo el siglo XX, y dos cuatrienios con reelección en el XXI, la receta del quinquenio parece apropiada. Las lecciones aprendidas sugieren que cuatro años son muy cortos y ocho son demasiados. Cinco podrían ser suficientes para redondear una tarea de gobierno con la necesaria continuidad administrativa, sin caer en la concentración excesiva de poder que tienden a producir los mandatos de ocho años.

Otra propuesta que reúne consenso es acabar con la Vicepresidencia. Esta es una criatura de la Constituyente de 1991 que reemplazó a la muy colombiana figura del designado. Y aunque en esta reencarnación nunca llegó a generar graves conflictos entre los vices y sus jefes como en otras épocas -desde Bolívar y Santander-, las relaciones entre los presidentes y sus segundos a bordo no han sido armoniosas ni claras. Hubo tensiones entre Ernesto Samper y Humberto de la Calle y entre Santos y Angelino Garzón, y en los otros casos los vicepresidentes asumieron funciones tan distintas que al final no quedó en claro su papel: Gustavo Bell fue ministro de Defensa, Francisco Santos se dedicó a los derechos humanos y Germán Vargas lideró la vivienda y la infraestructura. El designado elegido por el Congreso -con la única función de reemplazar al jefe del Estado en sus ausencias permanentes- es una alternativa racional y tranquila.

Desde hace años se ha tratado de adoptar las listas cerradas, pero el Congreso no ha querido aprobarlas. Este sistema obligaría a votar en bloque e impediría que los ciudadanos señalen a quien prefieren de la lista presentada por los partidos. Esta fórmula es positiva para fortalecerlos y debilitar las maquinarias individuales, debido a que aumenta el poder de los directorios y elimina la competencia entre los miembros de una colectividad. Pero tiene un punto negativo: reduce la potestad del elector, quien solo puede escoger entre partidos, pero no entre aspirantes.

Otra iniciativa de doble filo es el voto obligatorio. En la mayoría de los países en los que se ha utilizado, ha logrado el objetivo de incrementar la participación electoral, una meta deseable en un país con niveles de abstención superiores al 50 por ciento, como Colombia. Sin embargo, puede ser una medida inocua. Por un lado, porque una parte importante de la abstención es estructural y se debe a que hay poblaciones marginadas, sin acceso a los puestos de votación el día de elecciones. Estos ciudadanos quedarían con una obligación de imposible cumplimiento. Y además, en algunos países se ha demostrado que después de un tiempo el mecanismo se desgasta y la gente que no quiere votar le pierde temor a las sanciones.

También puede resultar inocua la idea de limitar la financiación de las campañas electorales a fuentes del Estado y prohibir los aportes del sector privado. La campaña para la reelección de Juan Manuel Santos tuvo como política rechazar contribuciones de empresas y limitarse a los ingresos de reposición. Y, sin embargo, hoy está buscando cómo explicar la supuesta llegada de un millón de dólares de Odebrecht. Esto demuestra que, más que el origen del dinero, lo que importa es contar con mejores controles sobre las finanzas de las campañas.

La circunscripción nacional para el Senado es buena y su abolición -propuesta por el ministro Cristo- podría hacer inviables a la mayoría de los partidos minoritarios, incluidos el Polo Democrático y la Alianza Verde. La Constituyente adoptó esta receta, precisamente, para propiciar una transición del bipartidismo liberal-conservador al multipartidismo. Aunque ha disparado los costos de las campañas, porque un aspirante tiene que buscar votos en todo el territorio nacional, efectivamente ha permitido la supervivencia de fuerzas que reúnen pequeños apoyos en varios departamentos.

Y hay una fórmula que podría resultar un salto al vacío: la de bajar la edad mínima de votar de 18 a 16 años. Es defendible en cuanto a combatir la apatía de los jóvenes y educar a los votantes desde temprana edad al vincularlos al sistema electoral. Pero no muchas evidencias demuestran que el escepticismo juvenil se deba a que no tenga derecho a sufragar. De hecho, la abstención es más alta en los rangos de menor edad. En cambio, sí es claro que los menores se comportan en la política de una manera diferente a los adultos. Ellos son más susceptibles a los mensajes transmitidos por las redes sociales. Las motivaciones generacionales tienden a favorecer, en este sector, más a una Claudia López o a una Paloma Valencia que a un estadista de amplia experiencia.

Pero los puntos más controvertidos del paquete anunciado por Cristo son de forma: su oportunidad y el mecanismo para aprobarlo. El Congreso tiene en sus manos la obligación de convertir en normas legales los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc y su agenda está muy congestionada. La aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz se ha demorado más de lo esperado. Y se calcula que habrá cerca de 60 proyectos necesarios para implementar los acuerdos. Es, por lo menos, precaria la viabilidad de que, además, en un tiempo breve y con campaña electoral vigente, se pueda evacuar una agenda de temas tan sensibles.

La otra inquietud es de procedimiento político. El mecanismo excepcional de ‘fast track’ fue adoptado para implementar únicamente los acuerdos de La Habana. Aunque el ministro Cristo ha dicho que la ampliación del periodo presidencial a cinco años y la abolición de la Vicepresidencia serán sometidas a los mecanismos ordinarios, la línea fronteriza entre las reformas que tienen relación con la paz y las que no es borrosa. Este puede ser un asunto de especial sensibilidad para el Centro Democrático y los sectores que lo acompañaron en la campaña por el No.

El Gobierno y el Congreso tuvieron un primer encuentro para empezar a construir acuerdos sobre cómo se tramitarán las reformas, pero se necesitará un maestro de ceremonias con mucha influencia y mano firme. Sobre la mesa hay cuatro fuentes de ideas para cambiar las reglas de la política, casi todas emanadas de los pactos con las Farc: adquisición progresiva de derechos, misión electoral especial, apertura democrática y reformas institucionales. Una agenda amplia y profunda que queda en manos de un Congreso en campaña y un gobierno en el que van a cambiar varios ministros, incluido el del Interior, Juan Fernando Cristo. La única salida sería construir un gran acuerdo entre las fuerzas de la Unidad Nacional, que tiende a debilitarse justo cuando más se necesita.