En exclusiva con Semana, el registrador Juan Carlos Galindo presenta sus observaciones sobre el tema.

SEMANA: ¿Cómo recibió las recomendaciones de la MEE a finales de marzo?

JUAN CARLOS GALINDO: Los miembros de la MEE partieron del supuesto de que la democracia se mejora cambiando la arquitectura institucional, que, en términos de organización de procesos electorales, para ellos supone eliminar la Registraduría y crear una nueva entidad que denominan Consejo Electoral Colombiano. 

Este Consejo simultáneamente asumiría las funciones de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral que hoy existe. Para comenzar, esa propuesta me parece inadecuada. Organizar las elecciones requiere de toda la neutralidad e independencia del caso, y esa tarea de la Registraduría no debe mezclarse con la función de fiscalización de movimientos y partidos políticos y de campañas, que actualmente tiene el CNE.

Tampoco me gustó la idea de que la nueva entidad que propone la Misión esté dirigida por cinco personas, porque la organización electoral lo que requiere es un gerente.

SEMANA: Frente a la idea concreta de eliminar la Registraduría, ¿qué opina?

J.C.G.: La Registraduría tiene debilidades en las que estamos trabajando, pero no por ello hay que arrasarla. Esta institución lleva 68 años haciendo elecciones en el país, hemos llevado a cabo más de mil 271 elecciones en toda su historia y hemos sido reconocidos en el extranjero por la preparación y realización de procesos electorales. Somos una de las entidades con mayor independencia, lo que no fue reconocido por la Misión. Es más, los expertos propusieron que el nuevo Consejo Electoral esté dirigido por cinco personas a partir de ternas que presentaría el Presidente y votaría la Cámara. Un proceso como ese, político, sí afectaría la independencia de la autoridad electoral.

SEMANA: Desde su experiencia práctica, ¿cuál debe ser el espíritu que guíe esa transformación del sistema electoral?

J.C.G.: Entiendo que la Misión hasta ahora ha dado ideas preliminares. Por eso, no quiero descalificarla. Sin embargo, quiero llamar la atención en que los verdaderos problemas del sistema electoral colombiano no están solo en la institucionalidad electoral que hoy existe. Para hacer frente a los delitos electorales se requiere de un trabajo de todas las autoridades de control, de los partidos y movimientos políticos y de la sociedad en general. Y en cuanto a la Misión, no debe limitarse a arrasar con la institucionalidad.

SEMANA: Según usted, ¿en dónde están los principales problemas del sistema electoral?

J.C.G.: Primero, está en la financiación de las campañas. Quienes hacen política aseguran que una campaña a Senado puede estar costando 15 mil millones de pesos, y una a la Cámara, cinco mil millones. Es absurdo que una campaña cueste tanto dinero y que no haya mecanismos eficientes y oportunos de control de los recursos que entran. Segundo, en la compraventa de votos y el trasteo de electores. Tercero, en la abstención. Cuarto, en la existencia de un Código Electoral anticuado. Y quinto, en el sistema de voto preferente que no permite la cohesión partidista.

Temas como el de la financiación ilegal y la compraventa de votos exigen ir más allá de la actuación de la Registraduría y necesitan el apoyo de la Fiscalía y de la Procuraduría.

SEMANA: La Misión Electoral planteó una regulación más precisa en la financiación de las campañas. ¿Cómo vio esa recomendación?

J.C.G.: El tema de financiación de las campañas no pasa solo por definir si es pública, privada o mixta como propone la Misión, sino por contar con la capacidad institucional de determinar cuándo se sobrepasa los topes o no, y cuándo entra plata por debajo a las campañas. Necesitamos trabajar con otras entidades en seguirle la pista a la plata que se gastan los candidatos. 

En México, por ejemplo, hay un sistema que se está implementado desde hace un año y es un control en tiempo real con supervisores en el país que llevan registros de vallas, cuñas, avisos y gastos de las campañas. En Colombia hay un sistema que se llama Cuentas Claras, que busca hacer seguimiento a la contabilidad de las campañas, pero que está basado en lo que registran. 

Estamos trabajando con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, en unir esfuerzos para, de cara a las elecciones de 2018, lograr algunos controles. A mediano plazo y para hacer contrapeso a la financiación ilegal, a ese esfuerzo también debe unirse la Uiaf (Unidad de Investigación y Análisis Financiero).

SEMANA: ¿Cómo ve la propuesta de la Misión de ampliar el tamaño de la Cámara?

J.C.G.: La Misión planteó ampliar en 34 el número de representantes y crear circunscripciones uninominales para dar representación a zonas tradicionalmente excluidas del poder. Esto genera controversia por los costos que tendría y el impacto que significaría en la actividad del Congreso. Más aún si se considera que habrá circunscripciones de paz para las Farc.

Pero insisto, los problemasde nuestra democracia, más que en las instituciones, están en la financiación de las campañas, el clientelismo y la abstención. ¿Cómo es que este último tema, por ejemplo, ni siquiera mereció un bloque de recomendaciones por la Misión?

SEMANA: ¿Qué hacer con la compraventa de votos?

J.C.G.: En las últimas elecciones, en ese tema ya se han visto actuaciones eficaces de la Fiscalía. En varios lugares se detuvieron personas con dinero en efectivo y con mercados. Incluso, para las elecciones atípicas de La Guajira, al mes o mes y medio de haber sido elegido el nuevo gobernador lo llamaron a juicio por interceptaciones telefónicas que daban cuenta de una presunta compraventa de votos. Eso demuestra que si hay acciones de control, habrá resultado.

SEMANA: En la Registraduría, ¿qué cosas hay por solucionar?

J.C.G.: Soy el primero en reconocer las debilidades que tiene la Registraduría. Me reuní con la Misión en febrero y les hice una exposición de cómo veía la organización electoral, en especial la Registraduría. En esa reunión les expliqué que la primera debilidad es que tenemos una estructura orgánica que viene del Frente Nacional, cuando había alternación en el poder y paridad partidista. En la entidad todavía tenemos dos delegados departamentales del registrador, y dos registradores especiales, ya obviamente sin el tinte político del bipartidismo, en una estructura que no se ajusta a las necesidades del panorama actual.

De otra parte, tampoco hemos podido poner a andar la carrera administrativa por falta de recursos. En lo regional tenemos registradurías con presupuesto lamentable, lo que dificulta la articulación con la sede central. Estamos trabajando en una recomposición administrativa para mejorar este último aspecto.

SEMANA: En síntesis, ¿qué mensaje envía a la Misión antes de que entregue sus recomendaciones esta semana?

J.C.G.: Aunque están terminando sus recomendaciones, creo que la Misión debe plantear temas prácticos a partir de diagnósticos concretos. La historia reciente de la política en Colombia demuestra que sin controles a la financiación de las campañas, sin talanqueras a la abstención y al clientelismo y sin una mirada al funcionamiento de los partidos, las soluciones se quedarán en arreglos institucionales y no cambiarán el fondo.

Respeto el carácter académico de la mayoría de los miembros de la Misión, pero repito: en el día a día de nuestra democracia, en esos aspectos se concentra la mayoría de problemas.