Las autoridades panameñas interceptaron una lancha rápida cerca a las costas de México, proveniente de Tumaco, con 700 kilos de cocaína en su interior. El cargamento y los dos hondureños que la tripulaban quedaron detenidos. La Marina de ese país detuvo en sus aguas territoriales una embarcación procedente de Colombia con 930 kilos de coca. En el barrio Boston de Cartagena un allanamiento a una vivienda terminó con el hallazgo de 238 kilos de droga lista para exportar. Estas tres operaciones, que permitieron decomisar casi dos toneladas de coca, ocurrieron en lugares diferentes, pero el mismo día: el pasado 3 de mayo. Las coordinó el grupo especial de investigaciones de la Dijín (SIU por sus siglas en inglés), la DEA, la Fiscalía colombiana y las autoridades centroamericanas. Con estas recientes aprehensiones de narcóticos la Policía y las Fuerzas Militares llegaron a 121 toneladas incautadas solo en los cuatro primeros meses de este año.

Se trata de los golpes más recientes de la guerra contra las drogas, que ha cambiado y tiene nuevos jefes: los narcos mexicanos. Ellos eran los dueños de esos alijos de narcóticos. Desde los años setenta hasta mediados de los noventa los mexicanos fueron ‘empleados’ de los grandes carteles como Medellín, Cali o el Norte del Valle. Su labor básicamente consistía en pasar a Estados Unidos la droga que los narcos nacionales enviaban desde Colombia. En los años siguientes la muerte, captura o extradición de los principales capos colombianos, así como la desarticulación de sus estructuras sicariales y financieras, marcó el final de las organizaciones poderosas en el país. Pequeños narcos, bandas criminales y facciones de guerrilla quedaron al frente, principalmente, de las zonas de producción y procesamiento. Sin embargo, ninguno tenía la infraestructura y mucho menos el poder económico y militar para impedir que los mexicanos se apoderaran de toda la cadena del negocio.

Por eso desde hace cerca de tres años no es extraño ver a mexicanos o enviados de los carteles de ese país en las selvas de Putumayo, Guaviare o Chocó, controlando la producción en los laboratorios de coca. También es común encontrarlos en zonas de acopio de droga como Catatumbo o el Pacífico. De igual forma manejan las principales rutas marítimas desde las costas colombianas. “Los mexicanos simplemente evitaron los intermediarios. Carteles como el Pacífico o Jalisco Nueva Generación, entre otros, mandan su gente a Colombia. Como ya no hay acuerdos entre grandes carteles de los dos países, como antes, hoy negocian directamente con cualquiera e imponen sus condiciones. Compran el kilo en 1.500 dólares y ellos se encargan de transportarlo por aire o mar, principalmente, lo que les deja inmensos márgenes de ganancia.

Ese mismo kilo puesto en México ya vale 15.000 dólares”, explicó a Semana un oficial del SIU. Esta situación provocó la llegada de una oleada de mexicanos a varias regiones del país. Tan solo en los últimos dos años 142 han caído en Colombia. Muchos de ellos con alto perfil en sus organizaciones como Irineo Sánchez, enlace del cartel de los Zetas, buscado por la DEA y la Interpol en 190 países y arrestado por la Policía en Medellín en enero de este año. Las agencias antinarcóticos nacionales y extranjeras han detectado que los narcos aztecas están incluso comprando base de coca, que adquieren a 600 dólares el kilo. La transportan a Centroamérica, en donde ya tienen laboratorios para procesarla y convertirla en cocaína, lo que aumenta aún más el margen de utilidad. Varias de estas instalaciones ya han aparecido en diferentes lugares de México, Guatemala y Honduras. Esto es una pequeña muestra de un complejo panorama que preocupa a las autoridades de los dos países. Tanto es así que Raúl Cervantes, el procurador general de México –el equivalente al fiscal general–, estuvo hace pocos días en Colombia en busca de apoyo de las autoridades nacionales. Se reunió con los encargados directos de esa lucha, el vicepresidente de la república, Óscar Naranjo; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el director de la Policía Antinarcóticos, general José Mendoza, y el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas.

“Con las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía hemos realizado un trabajo que permitió identificar las principales estructuras que actúan en los dos países, y próximamente habrá nuevas capturas y extradiciones de importantes jefes mafiosos”, contó a Semana el general Vargas. Hoy Colombia ha superado las épocas de violencia mafiosa con la que los narcos defendieron a sangre y fuego su negocio ilegal en los años ochenta y noventa. Sin embargo, el hecho de que los mexicanos dominen la cúspide del narcocrimen implica un reto para las autoridades nacionales, que deben evitar a toda costa que esas estructuras se extiendan por el territorio nacional con consecuencias imprevisibles.