Tras un año de inoperancia, el Consejo Nacional de Estupefacientes volvió a sesionar. Y lo hizo para la presentación de la política integral de la lucha contra las drogas “Ruta futuro”, como la bautizó el nuevo gobierno. Ante los ministros de Justicia y Defensa, el fiscal, el procurador y la Policía, el presidente Iván Duque expuso la hoja de ruta que seguirá el gobierno para reducir 200.000 hectáreas de cultivos de coca, atajar la exportación anual de 1.000 toneladas y prevenir el consumo interno, que gana cada vez más terreno en el país.

Con el decreto que sanciona el porte de cualquier sustancia psicoactiva, expedido un mes después de posesionarse, el gobierno había mostrado su talante frente al problema y de paso recibió los primeros elogios de la administración Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pese a las múltiples críticas que hay por impulsar una estrategia que, a juicio de varios expertos, puede llevar a “incentivar el abuso policial, la corrupción y sobrecargar el sistema judicial”, el candidato del Centro Democrático le cumplió a su electorado y en tres meses consiguió decomisar cinco toneladas.

Pese a una primera medida tan restrictiva, la política que socializa su gabinete desde la semana pasada encaja con lo que ha hecho en el país. Se mantiene el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) que nació en La Habana. De hecho, en estos primeros meses más 19.425 personas se acogieron a los beneficios, con lo que elevó la cifra a 97.084 familias vinculadas. En el paquete de medidas también se contempla seguir en pie con la erradicación forzada. Por eso, se triplicó el número de Grupos de Erradicación Manual (GEM), que pasaron de 23 a 68. De fondo, sin embargo, en un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con corte a finales de octubre, el Ministerio de Defensa reportó 74 uniformados muertos este año, víctimas de las minas antipersonal que protegen los sembradíos ilegales.

Sin embargo, el cambio de gobierno y la llegada de nuevos funcionarios desenterraron una vieja discusión: ¿deben volver las fumigaciones aéreas? Si bien la política integral contempla medidas en este aspecto, según conoció SEMANA el gobierno no actuará hasta llegar a un punto de encuentro con la Corte Constitucional, que en 2015 pidió congelar el uso del glifosato -atendiendo el principio de precaución- ante alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que asocian el glifosato con cáncer. El alto tribunal condicionó el uso del pesticida a que haya evidencia concluyente que demuestre que no daña la salud y el medio ambiente. Y mientras el gobierno busca un punto de encuentro al respecto, descarta usar drones, explora nuevas vías como usar orugas y solicitará para enero una audiencia pública que permita flexibilizar el tema.

Al pie de la letra

Los cuatro pilares fundamentales de la política integral antinarcóticos se desprenden de la Transformación Territorial y el Tránsito a las Economías Ilícitas que muchos solicitaron insistentemente en La Habana. Si bien el documento oficial no hace referencia al acuerdo, conserva parte de su espíritu y mantiene sus líneas principales: habrá alternativas a la cárcel para los eslabones más débiles, el consumo será tratado como un problema de salud pública y llevar desarrollo integral a las regiones para desplazar la ilegalidad bajo el amparo de políticas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Para cumplir con esa meta, el gobierno trazó cuatro líneas de acción: reducir el consumo de drogas y su impacto, reducir la disponibilidad de drogas, desarticular y afectar las organizaciones criminales y afectar las economías y las rentas criminales. Bajo estos preceptos, al final de cuentas termina como la ya conocida apuesta por tratar de atacar todos los eslabones de la cadena bajo una vieja estrategia: combinar las formas de lucha.

Colombia ha asumido como ningún otro país esta batalla. Sin embargo, 40 años después en esta guerra sigue sin una victoria clara y ha tenido que conformarse con triunfos pírricos. El presidente Juan Manuel Santos trató de delinear un camino alternativo a “la mano dura”, al legalizar la marihuana con fines terapéuticos y al suspender las fumigaciones con glifosato. Pero su visión progresista no se tradujo en un timonazo que le cambiara el curso a las políticas más vehementes. Sobre esa idea quizá gravita la mayor diferencia entre el gobierno actual y el anterior. Ahora se habla de guerra inaplazable porque está auspiciando el virulento reciclaje de la violencia que, en especial, viven el Pacífico colombiano y el Catatumbo.

Aunque en esta materia hay un profundo abismo entre un presidente y otro, para expertos consultados por SEMANA tienen más similitudes que diferencias en sus políticas en materia de drogas. El primer punto de encuentro es la oportunidad, que uno proyectó y el otro asumió, de diseñar “una solución conjunta e integral” tras el fin del conflicto con las Farc. Más de 17 instituciones con múltiples programas, en su mayoría desfinanciados, encontró la nueva administración cuando trataba de poner en orden la casa. Sin embargo, ese diagnóstico justifica a quienes hablan de reingeniería y la necesidad de centralizar la operación. Por lo pronto, la integralidad se reduce a mejores canales de comunicación, al monitoreo del Centro Estratégico de Seguimiento y el control que lleve Carlos Enrique Moreno desde la Unidad de Cumplimiento en la Presidencia de la República.

Pero esa no es la única coincidencia. Los principios que rigen Ruta Futuro responden a la propuesta hecha en La Habana y el presidente habla de una “perspectiva de salud pública”. No en vano el presidente Duque responsabilizó del diseño al Ministerio de Justicia y no al de Defensa. Y es que de acuerdo con voceros del Ejecutivo, quiere construir una política que sobresalga por su enfoque integral, basada en evidencia técnica, participativa, articulada, inclusiva, diferencial y respetuosa de los derechos humanos. Habrá que ver si ahora que tiene un mapa claro desaparecen las posturas contradictorias y el país deja de sentir diferencias entre el tono radical de Guillermo Botero, el moral de Gloria María Borrero y el conciliador de Emilio Archila.

“En estos cuatro meses hemos hecho un balance de lo que encontramos. Identificar entre todas las iniciativas del pasado cuáles han funcionado y cuáles no. Diseñar cómo nos podríamos integrar. Esa es la única novedad de la política. Dicen que siempre ha sido una lucha fracasada y yo creo que es porque no ha sido integral y consistente. Porque no hay voluntad política, no persistimos, no aunamos recursos y porque realmente no sacamos a las comunidades de la ilegalidad”, le dijo a SEMANA la ministra de Justicia.

La puesta en marcha de la nueva política integral para enfrentar el problema de las drogas no ha estado exenta de obstáculos. Siguen los episodios violentos, mientras el país exige acciones concretas. El gobierno del presidente Iván Duque no la tiene nada fácil. Tendrá la difícil tarea de recuperar la confianza de los campesinos que arrancaron sus cultivos y el Estado no les cumplió. Tendrá que encontrar la manera de transformar la situación de los resguardos indígenas, consejos comunitarios y parques nacionales, que concentran el mayor número de hectáreas sembradas, sin violar su autonomía. Pero el mayor reto, sin embargo, consistirá en demostrar que es posible obtener resultados distintos con variaciones minúsculas a las mismas políticas. Una tarea ardua, si se tiene en cuenta que justo en 2019 se cumplirán los 10 años estipulados por la declaración política de la ONU para lograr “un mundo libre de drogas”. Un lapso en el cual se consolidó un fracaso total, como lo atestiguó el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas.