Colprensa tuvo acceso a un informe del Consejo Superior de la Judicatura en el que consta la crisis por la que atraviesa el ejercicio del Derecho en el país. No en vano en los últimos 23 años, desde la creación del Consejo de la Judicatura, han sido excluidos 388 abogados, 8.328 han sido sancionados y 6.853 han sido censurados.

Y aunque esos números no son mayoría de cara a los más de 200 mil litigantes que laboran en el territorio nacional, sí es claro que las actuaciones irregulares de unos pocos minan la credibilidad de los ciudadanos en el sistema judicial, y empeñan el nombre de la justicia nacional.

Un claro ejemplo de lo que no debe hacer un abogado se presentó hace unos meses cuando un litigante interpuso un recurso judicial (habeas corpus), usado para exigir la libertad de los detenidos, pero en su caso... buscaba sacar a uno de los participantes de un reality show de un canal privado de televisión del lugar en el que lo mantenían confinado junto a otros concursantes.

“Esto es muy preocupante”, reconoce Néstor Osuna Patiño, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero llama la atención de los profesionales para que se abstengan de cometer faltas que terminan por enlodar el nombre de quienes sí se esmeran por hacer cumplir la ley.

Sobre los litigantes que han recibido la más dura sanción (exclusión) el magistrado señaló que un ejemplo para hacerse merecedor de ésta puede ser el que los profesionales se queden con el dinero de los clientes abusando del poder que les otorgan. “Es frecuente que los clientes pacten con los abogados que un porcentaje de lo logrado tras el pleito sean sus honorarios”, dice Osuna al señalar que la mayoría de las exclusiones obedece precisamente a que los abogados se quedan con todo el monto recaudado.

Otra de las faltas es apoderar a las dos partes involucradas en el mismo caso, o apoderar a alguien para cometer delitos (fraudes o estafas, etc).

Si bien muchos de los montos con los que se quedan los litigantes no siempre son altos, sí es claro que ellos son importantes para el ciudadano que los reclama, al punto de recurrir a un profesional para alcanzarlos. Así las cosas, el monto pasa a segundo plano a la hora de valorar la falta, pues muchos casos son de personas que luchan por sus pensiones, vitales para adultos de la tercera edad.

“Estas personas podrán manejar taxi o dedicarse al comercio, pero no litigar”, enfatiza Osuna al confirmar que si bien este tipo de medidas están relacionadas con el derecho al trabajo, se justifican como una sanción que se equipara con la gravedad de la falta.

Sobre las suspensiones, el jurista manifestó que éstas van desde dos meses hasta cinco años, y se gradúan de acuerdo con cada caso particular. En el orden de gravedad de las sanciones sigue, en tercer lugar, la censura, entendida como un llamado de atención.

Casos vs. efectividad

Las dudas surgen a la hora de evaluar qué tan efectivas son las sanciones, no sólo de cara a los abogados que pueden volver a litigar, sino a la hora en que las personas puedan recuperar los dineros que les fueron estafados.

“Si a una persona le fue retirado el pase, pero la Policía no lo para, seguirá manejando”, dice el magistrado Néstor Osuna al ejemplificar una de las posibilidades que se pueden presentar en los casos de exclusión de abogados, aunque señala que el país cuenta con un sistema que les permite a los jueces y a los ciudadanos establecer si quien sirve de apoderado u ofrece sus servicios cuenta con los antecedentes limpios.

Si bien la reincidencia en este caso particular no es muy común, sí sucede. Este es precisamente el caso de Jenny Lizeth Cárdenas Nieto, una abogada quien en Santander, el pasado 18 de febrero fue sancionada por sexta vez con la sanción de exclusión, siendo las anteriores el 17 de noviembre de 2011, el 26 de noviembre de 2012, el 8 de agosto de 2014, el 29 de octubre del mismo año, y el 4 de febrero de 2015.

Según el expediente la abogada le cobró a la madre de una detenido en la Cárcel Modelo 700 mil pesos por llevar el caso que permitiera la libertad de su hijo, señalado de porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. En abril de 2010, tras recibir un adelanto de 200 mil pesos; la mujer, como era obvió por las sanciones de exclusión que pesaban sobre ella, decidió no dar la cara y desaparecer.

Una historia similar se repite en el caso de Camilo Kecam quien en septiembre de 2009, por conseguir los permisos para que un restaurante sirviera también como bar, cobró la suma de 20 millones de pesos pero, siendo sus honorarios de dos millones. A pesar de lo cual nunca adelantó las labores necesarias para que se concretara el caso.

Efectividad...

Si bien una sanción puede ser considerada por las autoridades como un hecho ajustado a la ley, la justicia que reclaman las persona debe verse reflejada en recuperar su dinero..., y de esto poco.

“Esa es una pregunta que se hacen todos los ciudadanos, y lamentablemente debo reconocer que no tengo la respuesta”, señala Osuna con gesto de mea culpa, y reclama un endurecimiento en las sanciones para los abogados deshonestos, haciendo referencia al Código Disciplinario que rige a los litigantes. A la gente la notificamos de lo que sucede en cada caso, cuya duración es variable, pero que en muchos casos dura entre dos y cinco años.

Pero, ¿qué tan efectiva es la justicia para los ciudadanos, sí se recupera su dinero? “En este caso debo reconocer que es un asunto complicado”, dice el magistrado al lamentar que en estos casos la ley no permita que los ciudadanos pidan indemnización, por lo que recuperar sus dineros, no es posible. “Yo entiendo que los ciudadanos lo que quieren es recuperar su plata, pero para eso hay otra ley”, señala.

En este caso y de cara a los dineros que por lo general median en estos procesos, se ha establecido en la ley la posibilidad de colocar una multa a un abogado, pero estas sanciones son poco usadas por la única razón de que “el Estado tiene enormes dificultades para cobrar las multas, que pueden ir de un salario mínimo (660 mil pesos) a 100 salarios mínimos legales mensuales”.

Al poder judicial le sucede lo que a muchas entidades: imponen multas pero si el ciudadano no paga, cobrarlas es mucho más oneroso. Es muy difícil recuperar ese dinero. Lo cierto es que en los 21 años de existencia del Consejo Superior de la Judicatura se han impuesto únicamente 51 sanciones de multa, y su valor total no se conoce.

Una cosa es cierta -dice Osuna- a pesar de todo, los ciudadanos están viendo hoy mucho más a la judicatura para reclamar por errores de sus abogados. Muestra de esto es que en 2014 el número de quejas o de denuncias aumentó en un 27 por ciento, respecto de las acciones colocadas en 2013.

Y la buena noticia para los denunciantes es que sus quejas no caen entre piedras, sino que han sido estudiados con juicio y de eso da cuenta el 91 por ciento de los fallos condenatorios a los abogados, y si de jueces se trata, al menos, el 67 de los casos que se conocen son de condena y el 33 por ciento son absoluciones. “Muchas de las críticas en contra de la Judicatura son fundadas, pero hay que reconocer que el ritmo de trabajo es muy alto. En 2014 a la jurisdicción llegaron 7.300 sentencias que se profirieron entre siete magistrados; es decir, más de mil por despacho... aunque aclaro que no todas son contra abogados, sino que dan otros casos como tutelas, conflictos, etc”.

“En estos casos hay muchas circunstancias. Las facultades de derecho deberían hacer mucho más para que los abogados cumplan con sus funciones; pero ante las dudas acerca del por qué se presenta esto, se podría decir que cuando una persona es deshonesta la raíz del problema viene desde la infancia, desde la casa”, consideró el magistrado de la Judicatura.

... Para denunciar 

Para quienes por alguna razón estén interesados en saber si el abogado que contrató o a quien piensa contratar está a paz y salvo con la justicia, puede ingresar a la página de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co y con el número de cédula del litigante puede conocer los antecedentes del profesional que lo va a asesorar.

En caso de no contar con Internet puede, en el caso de Bogotá, acercarse a la oficina donde se tiene el Registro Nacional de Abogados, en el Consejo de la Judicatura (centro de Bogotá) y pedir los antecedentes.

En caso de estar fuera de la capital, los interesados pueden ir a los Consejos Seccionales de la Judicatura de las capitales de departamento y allí les brindan la información. Y para quienes estén en zonas muy apartadas donde las personas no tienen Internet, ni pueden desplazarse a la capital, puede hacer la consulta por teléfono.

Tenga en cuenta que las denuncias que se quieran interponer son de carácter elemental, no se requiere de abogado, sino de contar los hechos como se presentaron. No se requiere de formatos, ni de intermediarios, ni tiene costo. Inclusive, las quejas se pueden elaborar a mano alzada, deben contener eso sí datos mínimos como los nombres de quien demanda y del demandado, los datos en los que el denunciante puede ser ubicado.

Por ahora, y para intentar mejorar esos casos se espera que las denuncias se puedan hacer de manera virtual, usando medios electrónicos.