El informe advierte que no se han cumplido enteramente las recomendaciones del Relator Especial sobre pueblos indígenas, realizadas en 2009.

Así, se indica que el panorama de derechos de 87 pueblos indígenas reconocidos y al menos 15 sin reconocer, según la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC– “continúa siendo grave, crítico y preocupante”, tal como fue advertido por los Relatores Especiales en 2003 y 2009 y que prosigue la falta de política pública adecuada para protegerlos, lo cual se agudiza con la persistencia de la violencia “sociopolítica y el conflicto armado interno”.

“Los frecuentes hechos de violencia, la presión sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales y el desplazamiento forzado son algunos de los factores causales del riesgo de extinción en que se encuentran numerosos pueblos indígenas en Colombia”, señala el reporte.

A esto se suma el riesgo para las comunidades de las actividades extractivas que, dice la CCJ, acentúa el riesgo y compromete los resultados de las medidas de reparación dirigidas a las víctimas de la población indígena y la restitución de los territorios usurpados a esta.

“La ausencia de garantías de no repetición de los hechos vulneratorios de los derechos humanos, compromete la reparación de las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas. La violencia paramilitar, el involucramiento de la población indígena en el conflicto armado, la militarización de los territorios ancestrales, la vulnerabilidad de los mismos ante los proyectos económicos, y la impunidad para los responsables de los crímenes son obstáculos para la reparación de las víctimas”, añade.

Colprensa presenta los elementos que llevaron a la CCJ a hacer tales afirmaciones de acuerdo a las recomendaciones que había hecho el Relator Especial.

1. Situación de derechos, en estado crítico

La primera conclusión del informe es que en Colombia existen avances normativos importantes para la reparación de los pueblos indígenas, pero que todavía hay un desfase con su aplicación real, lo que se suma a intereses agrícolas, energéticos y mineros que “no se ajustan al contenido de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado”, respecto de las comunidades indígenas.

De hecho, se afirma que los Planes de Desarrollo no han dado prioridad al reconocimiento de los derechos sobre el territorio de los pueblos indígenas, pues se han centrado en el “crecimiento económico basado en el fomento de los proyectos minero energéticos, agro-comerciales y de infraestructura, en beneficio de las empresas privadas”.

Igualmente, se insiste en que la política de seguridad y defensa no se ajusta a las obligaciones de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas e implica violaciones a estos e infracciones al DIH. En ese sentido, se le pide a la Relatora Especial que exhorte al Estado para que cumpla en materia de DIH y para que asigne recursos necesarios para el trabajo de los órganos de control en favor de los pueblos indígenas.

2. Indígenas apoyan salida negociada

Aunque el informe es de 2015, versa sobre los años 2010-2013. En todo caso, se ratifica que los pueblos indígenas sí apoyan la salida negociada al conflicto, pues rechazan las acciones hostiles y que pretendan involucrarlos en el conflicto, el reclutamiento de menores, la utilización de la violencia sexual como arma política, los explosivos artesanales y los bombardeos. En ese sentido, la CCJ pide a la Relatora Especial hacer un llamado a las delegaciones de las partes en la Mesa de Conversaciones de Paz para que se comprometan a garantizar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de paz, “a tomar en serio sus propuestas sobre acuerdos de cese bilateral del fuego y cese de actividades militares en sus territorios ancestrales”.

3. En riesgo de extinción

El reporte afirma que el riesgo para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas se incrementa como consecuencia de las vulneraciones de sus derechos humanos y en su involucramiento con el conflicto y la militarización de las comunidades. Por eso, se pide que la Fuerza Pública respete el DIH y se abstenga de hacer actividades militares en sus territorios, así como de utilizar informantes indígenas. Igualmente se pide a la Relatora Especial que insista a los grupos guerrilleros que dejen de usar artefactos explosivos improvisados y que se adelante una actividad de desminado.

4. Falta de protección adecuada

“Con frecuencia las amenazas, homicidios y desapariciones forzosas que afectan a los pueblos indígenas están dirigidos contra sus líderes y autoridades tradicionales. Entre 2010 y 2012 la CCJ registró al menos 199 casos de miembros de diferentes pueblos indígenas que fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida (186 corresponden a homicidio y 26 de desaparición forzada), a causa de la violencia sociopolítica, 24 entre ellos autoridades indígenas y médicos tradicionales”, dice el informe, que agrega que no se han iniciado esquemas de protección con enfoque étnico.

Así, se considera pertinente que la Unidad Nacional de Protección implemente ese enfoque y que incorpore en sus análisis los factores de riesgo para el caso indígena, la presencia y acciones de los grupos paramilitares, el riesgo derivado de la militarización de los territorios y el involucramiento de los pueblos en el conflicto armado por parte de la fuerza pública y los demás actores armados, entre otros.

5. Desplazamiento

De acuerdo con la CCJ, entre abril de 2010 y diciembre 2013 ha tenido conocimiento de la ocurrencia de al menos 352 hechos de desplazamiento masivo. En 75 hechos las víctimas fueron poblaciones indígenas, de 167 en los que se contó con información para establecer la diferenciación étnica de las poblaciones desplazadas. Hace falta, dice el informe, una política estructurada de prevención de las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. Igualmente, se piden protocolos para que la justicia pueda atender los casos específicos de mujeres indígenas desplazadas.

6. Continúa la impunidad

“Aún se mantienen los obstáculos para el acceso de los miembros de los pueblos indígenas a la justicia, al igual que los riesgos para los denunciantes y testigos, especialmente en aquellas zonas donde los grupos guerrilleros, paramilitares y la Fuerza Pública ejercen control territorial y poblacional”, dice el informe, que estima que la Fiscalía debe tomar medidas y garantías reales y trasladar los procesos a otras jurisdicciones cuanto existan riesgos para las víctimas y testigos. Esto también incluye brindar el servicio de intérpretes en lengua nativa.

7. Protección a la niñez

Se insistió que el conflicto armado interno continúa causando graves daños a los niños y niñas indígenas, quienes son víctimas de reclutamiento, utilización en actividades bélicas, desplazamiento forzado y otras violaciones a sus derechos que afectan también el acceso a la educación y la salud. Por eso se solicitó a la Relatora hacer un llamado a los actores armados a cumplir su obligación de no reclutar ni utilizar niños y niñas indígenas en actividades bélicas.

8. Territorio

Se recomendó la a organización y actualización de los diferentes sistemas de información sobre los territorios indígenas titulados, para que se pueda establecer claramente la extensión de los resguardos.

Además se pide que sean titulados los territorios ocupados ancestralmente, al igual que los territorios con medidas de protección y que en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas haya un componente especial para territorios indígenas, que no existía para 2013.

La idea es que se superen las demoras en la inscripción de las solicitudes de restitución, la focalización y caracterización de daños y afectaciones al territorio.