Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) hay 7’028.776 de víctimas en todo el país. Sin embargo, existe un informe con corte a febrero de 2015 que da cuenta de 8’846.375 personas presentes en el Registro Único de Víctimas bajo la variable “sitio de residencia”.

Elementos para la reparación colectiva

Para el doctor en Ciencias Políticas Pedro Medellín, las FARC tienen que acoger dos elementos fundamentales para hacer la reparación de las víctimas.

“En primer lugar el cumplimiento de los castigos que establezca la justicia, se trata de un principio sobre el cual los miembros de las Farc asumen su responsabilidad en los hechos relacionados con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y en tributo a las víctimas pagan cárcel o penas alternativas que se definan y se acuerden con la sociedad”, agregó.

Si bien muchos colombianos exigen que los máximos cabecillas de las Farc paguen los delitos en los cuales incurrieron, existe un segundo elemento que Medellín considera debe basarse en los principios de resarcimiento económico por parte de este grupo guerrillero.

“Son elementos claves y que tienen una importancia crucial. Las Farc deben asumir su responsabilidad y hacer un resarcimiento en término de reparación colectiva”, afirmó.

Por su parte, el director de Indepaz, Camilo González Posso, fue enfático en resaltar que las Farc tienen que incurrir en medidas de reparación, junto con el Estado y diferentes sectores de la sociedad colombiana, ya que todos hacen parte de la historia del conflicto armado y la violencia que por más de 60 años ha azotado al país.

“Una de las medidas de reparación es la misma verdad, porque es muy importante para muchas víctimas, quienes buscan una explicación de las razones de los hechos. Allí las Farc pueden contribuir a identificar fosas, y personas desaparecidas”, señaló González Posso.

Otra de las medidas que considera González importantes a la hora de medir la satisfacción de las víctimas es la reparación simbólica que pueden hacer las Farc, ya que la misma tiene mucho significado para muchas comunidades y la sociedad entera.

“También podemos hablar de una reparación material, ya que hay un número muy grande de personas que han sido desplazadas en las zonas de conflicto armado por los enfrentamientos de las guerrilla y el Ejército o por iniciativa de las propias guerrilla que impactan a la población”, recalcó González Posso.

Sin embargo, en el tema económico el analista se mostró escéptico en cuanto a que las Farc sean los únicos que deban pagar a las víctimas, ya que hay más grupos o sectores que han contribuido a que se incremente la violencia en Colombia.

A su turno, el internacionalista y politólogo Jhon Marío González se mostró pesimista frente a que las Farc hagan reparación económica para las víctimas. Sin embargo, espera que haya una reparación simbólica que se enmarca en actos de perdón.

“El principal elemento que puede aportar las Farc sería en el tema de justicia; es decir, cómo los máximos comandantes y perpetradores de crímenes de guerra y lesa humanidad puedan acudir a la justicia y paguen por estos mismos hechos”, resaltó González.

La posible inviabilidad de la Ley de Víctimas

 Si las Farc llegasen a desmovilizarse, se estaría hablando de siete millones de víctimas que necesitan ser reparadas por hechos ocurridos en más de 60 años, lo que no podría ser asumido por una justicia ordinaria, sin contar el judicializar a más de ocho mil victimarios.

Por eso en la década pasada, tras analizar varias experiencias internacionales de justicia transicional, en el país se empezó a hablar de verdad, justicia y reparación como ejes del modelo de ajusticiamiento con el que se incentivó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La pregunta que surge es si ese mismo modelo serviría de marco para la reinserción de las FARC y lo primero que responden los expertos es que la Ley de Justicia y Paz ha mostrado tener varias dificultades.

“La Ley de víctimas es interesante, pero ha mostrado que tiene muchas dificultades para su aplicación, y ya en contexto del acuerdo habría que hacer una nueva Ley que garantice la reparación, ya que a la fecha solamente tenemos 20 mil familias que han tenido algún tipo de restitución de tierras, de las 400 mil que han sido afectadas. Eso quiere decir que no estamos ni en 5%. Eso requiere de otro plano, otros criterios para todos los efectos que tiene que ver con las víctimas”, señaló el director de Indepaz, Camilo González Posso.

Sin embargo, Juan Carlos Palou, consultor independiente en posconflicto, fue enfático en resaltar que la Ley de Justicia y Paz “tiene la gran virtud de que introdujo el concepto de justicia transicional al país y desarrolló, así fuera de una manera puramente formal y normativa, el tema de la reparación y de la construcción de los derechos de las víctimas”.

A su vez, el político y abogado Edward Rodríguez sostuvo que el Gobierno debe adoptar este marco jurídico en caso de que se lleguen a desmovilizar las Farc, puesto que fue el mismo que se aplicó con el paramilitarismo, y que produjo resultados positivos.

“Las Farc deben estar sometidas a un juicio en el que entreguen todos los bienes, que durante su gestión delincuencial obtuvieron para reparar a las victimas, pero adicionalmente tienen que decir la verdad y pedir perdón, respetando el marco que fue establecido en la Ley de Justicia y Paz”, señaló Rodríguez.

Por último, Laura Gabriela Gutiérrez, del Área de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, hizo hincapié en que “si uno evalúa individualmente esa ley queda con una idea muy terrible de la justicia transicional, pero si la entiende como un marco más grande, en que se articula las diferentes medidas y requiere acompañarse de políticas públicas sociales mucho más amplias, observa que es un intento válido por resarcir y revertir muchos de los efectos del conflicto armado”. 

Modelos internacionales de reparación a víctimas

Para muchos colombianos, casos como los procesos de paz en El Salvador y Guatemala deben ser tomados como ejemplo para adelantar los diálogos que se cumplen en la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y las FARC en La Habana.

Sin embargo, varios analistas son conscientes de que si bien estos países lograron poner fin al conflicto armado que sufrieron, no se tuvo en cuenta el tema de la reparación a las víctimas, lo que ha conducido a retrocesos y marginamiento de su población, 20 años después de pactada la paz.

Para el Director de Indepaz, en las reparaciones colectivas de estos dos países las víctimas no estuvieron en la agenda, tampoco en las conversaciones, ni en las preocupaciones de la sociedad. La reparación a las víctimas se volvió una realidad, o un derecho visible en las últimas décadas.

“Para ese momento ni en los procesos en Colombia que se adelantaban con el M19, ni en los de Guatemala o El Salvador se tuvo una visión específica sobre el tema de reparación, ni en temas sociales, ni económicos. Se habló sobre algunas medidas de aliento, algunos programas, planes de emergencia, pero no de un capítulo de reparación”, señaló González Posso.

Tocar el tema de la reparación colectiva a las víctimas por este Gobierno puede ser una innovación, ya que hace 20 años ni siquiera se les tenía en cuenta. Sin embargo, el hecho de no profundizar y lograr que se llegue a un acuerdo en un punto tan importante podría mostrar un panorama negativo para el país, sí se tiene en cuenta lo que ha ocurrido con los modelos salvadoreños y guatemaltecos.

Cabe señalar que en El Salvador y Guatemala, en los acuerdos que se firmaron, no apareció un capítulo de reparación, pero sí unos sobre derechos humanos, derechos de los grupos étnicos en el caso de Guatemala, inclusión campesina y políticas de restitución de tierras. Eso fue lo establecido y, por supuesto, suponía ‘firmar’ un compromiso conjunto entre la sociedad y el Estado para así dar respuesta a las situaciones de comunidades y personas afectadas por la violencia.

Sin embargo, “en Centroamérica el balance de dos décadas después de la firma de los proceso de paz es que no se realizaron todos los objetivos propuestos, ya que la situación de las comunidades indígenas en el Guatemala es mala, continúa el deterioro. Hay marginamiento y no se registró una verdadera reparación”, puntualizó González Posso.

Frente a este balance la lección para el Gobierno nacional, según los analistas, es que la reparación de las víctimas sí es necesaria, pero tiene que ser asumida como una responsabilidad de toda la sociedad, donde haya consciencia, para que así como todos los colombianos estamos dispuestos a pagar impuestos para la guerra, lo hagamos por la paz.