‘La palabra y el silencio’ es una narración con la que el Estado colombiano quiso reconstruir lo que ha sido la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación desde 1977.

El documento comenzó a construirse a finales de 2012. En ese momento, el profesor Germán Rey, relator del informe, pensó que con el caso Sierra podrían ponerse en evidencia las razones de la impunidad, esa falta de verdad y de justicia que suele verse en las investigaciones que buscan dar con los responsables.

En ese momento, el juicio contra Ferney Tapasco estaba estancado en la primera instancia de decisión. En Colombia se había condenado a varios autores materiales, casi todos sicarios que cobraron por asesinar periodistas.

Sin embargo, apenas tres autores intelectuales habían sido responsabilizados entre más de 150 asesinatos. Por lo mismo, el crimen de Orlando Sierra significaba un reto para el Estado.

Se trataba de un caso complejo en el que tanto el sicario -ya condenado y libre- como un político de nivel nacional podían ser confirmados como responsables.

Lecciones contra la impunidad

El informe encontró que después de tantos años de investigación, el caso de Orlando Sierra era el ejemplo perfecto para mostrar los problemas de la justicia. Se resaltó la falta de independencia de los fiscales regionales.

Los políticos locales aún inciden sobre los nombramientos y sobre el accionar de los que tienen que investigar los asesinatos. Un obstáculo claro cuando se busca saber si fueron los políticos regionales quienes tuvieron que ver con la muerte del periodista.

Por eso mismo, el caso de Sierra debió sacarse de Manizales para afrontar la investigación, un precio muy alto cuando se encontró que desde Bogotá los fiscales estaban más lejos del contexto y de las pruebas.

También se notó una falta de especialización en la Fiscalía General para investigar el asesinato contra periodistas. El caso de Orlando Sierra fue asumido por fiscales de derechos humanos que tenían en sus manos procesos de toda índole, desapariciones, falsos positivos, delitos contra defensores de derechos y sindicalistas, etcétera.

Se desconoció que las agresiones contra los periodistas tienen ciertas características que pueden ser investigadas con criterios especiales. Si los investigadores desconocen el oficio de informar, desconocen los caminos para encontrar a quienes censuran con la violencia.

Por ejemplo, por esta falta de especialización hubo demoras al incluir las columnas de Sierra como indicios para dar con los autores intelectuales.

En el caso del entonces subdirector de La Patria quedó claro que si pasa mucho tiempo se hace más difícil la condena. El tiempo borra pruebas y deja espacio para que los testigos sean eliminados. El tiempo permitió que en el caso Sierra fueran asesinados el sicario y otros colaboradores, justo los que sabían quién los había enviado.

También se comprobó el daño que se hace cuando los investigadores asumen que el periodista pudo ser asesinado por otras razones distintas a su oficio y a sus publicaciones. En el caso se perdió tiempo porque los investigadores alcanzaron a contemplar que Orlando Sierra había sido asesinado por conflictos con los propietarios del periódico. Una historia urdida por la defensa de Tapasco que por poco tiene acogida en el proceso.

Para el informe de memoria, se trata de la misma estrategia que aparece en otros casos: a todo periodista asesinado se le quiere encontrar una pareja, una deuda, un lío personal que explique su muerte, todo por evitar que la gente y la justicia reconozcan que la violencia sí es capaz de eliminar a los que opinan.

Mientras se elaboraba el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, apareció la decisión que absolvía a Ferney Tapasco en primera instancia, el 24 de diciembre de 2013. Un momento sórdido para libertad de prensa en Colombia, una decepción por no poder ver un caso en el que toda la cadena de agresores fuera condenada, una forma de comprobar que las deficiencias en la justicia sí encontraban la forma de darse el nombre de la impunidad.

El daño colectivo

Otro enfoque del informe ‘La palabra y el silencio’ fue el de encontrar cuáles fueron los daños colectivos que dejaron los diferentes hechos de violencia contra la prensa. Se encontró que, si uno o varios periodistas son agredidos, existe un grupo de personas que sufre una pérdida en sus derechos de informar y de informarse.

Se trata de un colectivo que va más allá de los familiares o de los colegas, pues también la violencia afecta a los lectores y a las audiencias que dejan de recibir un tipo de información.

El informe de memoria trae herramientas de análisis que permite encontrar que la muerte de Orlando Sierra afectó a los demás periodistas, a La Patria, y a la sociedad caldense. Algunos de los primeros debieron acudir a la autocensura y aún hoy deben pensar dos veces antes de opinar o de usar ciertos nombres propios en sus publicaciones.

Para La Patria significó la pérdida de un recurso valioso y difícil de reponer, uno de sus periodistas más experimentados y más representativos. También el periódico perdió algunas de las fuentes que le suministraban información a Sierra, estas entraron en pánico y prefirieron guardar silencio al creer que podían seguir la suerte del periodista. Finalmente, la sociedad caldense vio reducida su posibilidad de informarse sobre temas de política y de corrupción, datos que son esenciales al momento de controlar el poder y vivir en democracia.

Con el paso del tiempo se han reparado en parte estas pérdidas. Sin embargo, aún se debe pensar en un proceso reparación colectiva que deje el tejido comunicativo de Caldas mejor que como estaba antes de la violencia.

Mientras el informe de memoria estaba en su proceso de revisión y de edición, el 24 de junio de 2015, el país conoció la sentencia en segunda instancia contra Ferney Tapasco, Jorge López Escobar y Hernando López Escobar. A un mes de ser publicado el informe, el 1 de noviembre de 2015, Ferney Tapasco fue capturado después de que sospechosamente se había fugado el mismo día en que se conoció su condena.

Estos dos eventos terminaron de marcar la construcción de ‘La palabra y el silencio’, no tanto por los detalles que debieron ajustarse en su texto sino por el sello que le imprimió a su publicación: que ante la violencia contra la prensa es necesario resistir, insistir, hacer memoria y saber qué es lo que no se puede repetir.

El autor

Camilo Vallejo es un abogado manizaleño. Ha sido profesor universitario y columnista de La Patria, fue investigador para ‘La palabra y el silencio - La violencia contra los periodistas en Colombia’ (1977 - 2015), del Centro Nacional de Memoria Histórica, y que lideró Germán Rey. Hoy en día está vinculado a la Fundación para la Libertad de Prensa.

El proceso

Tres hechos recientes marcaron el proceso por la muerte del subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández.

El 24 de junio pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales condenó a Ferney Tapasco González, expresidente del Partido Liberal de Caldas, a 36 años, tres meses y un día de prisión por ese homicidio.

La Sala revocó la sentencia absolutoria de primera instancia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, del 24 de diciembre de 2013, que concluyó que había dudas insalvables.

Además, condenó a los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar a 28 años, 10 meses y un día de prisión, como coautores de ese homicidio agravado. A Henry Calle Obando, alias ‘Botija’, lo absolvieron de este mismo delito y de concierto para delinquir. El otro hermano de los López Escobar, Gabriel Jaime, espera sentencia en primera instancia del Juzgado Especializado de Manizales.

Tras el fallo, Tapasco González estuvo prófugo durante cuatro meses y siete días, hasta el 1 de noviembre pasado, cuando la Policía y la Fiscalía lo detuvieron en un apartamento de un edificio ubicado al frente del Coliseo Mayor.

Lo siguieron durante tres meses por Medellín, Cali, Bogotá, Manizales y seis municipios del Eje Cafetero. Ya tenía circular roja en 190 países, pero nunca salió de Colombia. Lo llevaron a la cárcel La Blanca. Días antes, el 24 de septiembre, los defensores de los condenados, César Augusto López y Verónica Galvis, presentaron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que fue admitido el pasado 16 de diciembre. Eso quiere decir que se analizará el fallo de segunda instancia.

La Sala corrió traslado, hace 14 días, al delegado del Procurador ante la Corte, que analiza la casación 20 días hábiles y emite su concepto. Luego, al magistrado ponente de la CSJ, que tiene 30 días para presentar el proyecto de sentencia, que pasa a discusión de la Sala Penal para que emita el fallo, que ya no tiene recursos. Ahí se sabrá si Tapasco sigue encerrado o queda libre.