Al cumplirse un año de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la hoy desmovilizada Farc son muchos los problemas que se han presentado para la implementación del mismo.

El trámite de la Justicia Especial para la Paz en el Congreso, los cuestionamientos de Naciones Unidas y el asesinato de más de 90 líderes sociales en lo corrido del año son algunos hechos relevantes que han marcado el proceso.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, señaló que el país vive una encrucijada con la implementación del acuerdo, en parte, por la falta de presencia estatal en las zonas que dejaron las Farc tras su desmovilización y por la reorganización de grupos paramilitares y presencia del ELN, que llegan a estas para hacer control territorial.

- ¿Cómo ve la implementación del acuerdo?

Para Amnistía Internacional el proceso de paz ha sido un momento histórico y esperanzador, en que teníamos la expectativa de que la primera fase de implementación se enfocará en la protección de las comunidades que han estado afectadas por la guerra.

Lamentablemente, hemos visto reacomodo de otros actores armados como la expansión territorial del ELN, pero sobre todo la reorganización de los grupos paramilitares que operan y toman el control territorial que tuvo que ser recuperado por el Estado cuando las Farc se desmovilizaron.

Seguimos viendo que hay regiones en un contexto de conflicto armado activo, desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, sobre todo en Chocó. La violencia sexual que continúa y el confinamiento en estas comunidades por la presencia de minas antipersonal, que los atrapan en ciertos espacios y cuyos derechos básicos siguen siendo vulnerados porque el Estado no ha aparecido.

- ¿Qué opina de la exequibilidad de la Corte Constitucional a la JEP?

La JEP puede ser una importante oportunidad para que el Estado garantice justicia y reparación a las víctimas del conflicto. Lamentablemente vemos que esta se ha convertido en el gran obstáculo, porque se ha politizado y polarizado.

Hemos escuchado de las comunidades la gran expectativa de que esta justicia pueda reparar el tema histórico de impunidad que ha existido y que ha ensombrecido el derecho a las víctimas y sobre todo a que estos actos, que han violentado gravemente los derechos humanos, no se repitan.

Es importante que los derechos de las víctimas se antepongan a cualquier interés político y económico que puede haber detrás de la implementación del proceso, esperamos que la JEP pueda ser esa oportunidad, pero vemos que se ve secuestrada por realidades que van más allá de las que están viviendo las comunidades.

- Este tipo de justicia traerá impunidad...

La justicia va a traer impunidad en la medida en que la impunidad siga siendo la regla en el país. Independientemente de la JEP, existe una justicia ordinaria y una tradicional dentro de los pueblos indígenas y afrocolombianos que se han visto afectados por el conflicto y el abandono del Estado. Cualquier mecanismo que se establezca para garantizar esa verdad y justicia debe tomar en cuenta las voces de las víctimas en términos de implementación.

- ¿Qué hacer con cuestionamientos de la Corte Penal Internacional?

Han sido importantes, cualquier justicia en la consolidación de la paz tiene que tomar los derechos de las víctimas y, sobre todo, garantizar un mecanismo acorde a los compromisos internacionales en derechos humanos que tiene Colombia y con las experiencias de otros países respecto a la justicia transicional.

Consideramos que la JEP tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, esperamos que el proceso no sea un obstáculo, sino que se convierta en el camino para garantizar la justicia.

- Tras la firma del acuerdo se ha notado una disminución en el número de muertos que se presentaban en elconflicto...

Es un logro importante de la desmovilización de las Farc, pero lamentablemente no ha dado fin a un conflicto que ha desangrado a comunidades enteras. Vemos reorganización de otros grupos armados que toman el control de territorios dejados por esta guerrilla, entonces hay una disputa territorial en donde han aparecido grupos paramilitares como en Chocó y en otras regiones que son ricas en recursos naturales, que por su posición geográfica han sido usadas estratégicamente para el tráfico de drogas.

En la medida en que el Estado no ocupe el vacío que dejó la desmovilización de las Farc se ponen en vulnerabilidad y riesgo a las comunidades. Es cierto que hay disminución en las muertes de civiles, pero por otro lado se está incrementando la vulnerabilidad para que en situaciones de disputa de nuevo las poblaciones se vean atrapadas entre varios actores del conflicto.

- Usted habla de que se están fortaleciendo las estructuras paramilitares. ¿Por qué?

Este es un punto clave, la existencia de los grupos paramilitares tiene que ser un reconocimiento público de las autoridades, porque en la medida en que no se reconoce el problema poco se puede hacer para combatirlos y en buscar soluciones.

El Estado se ha casado con la idea de que estos grupos se desmovilizaron y desaparecieron y ahora existen grupos de crimen organizado, cuando la realidad es que estas estructuras se han fortalecido, como en los grupos gaitanistas que operan en varios departamentos y que están ocupando un importante espacio de influencia política y de control territorial.

- ¿Qué efectos ha dejado el primer año del acuerdo de paz?

Sin duda la propia firma del acuerdo abrió la esperanza para muchas comunidades que han sido azotadas por el conflicto y para estas personas es necesario que el acuerdo sea una realidad para cambiar sus vidas.

Sin embargo, vemos que todavía falta trabajar en los derechos a la educación, la salud y el trabajo, y en la medida en que no se atiendan de forma integral las necesidades de estas comunidades, estas se ven obligadas a participar en actos ilícitos y por eso es muy difícil que sientan que son parte del proceso.

- ¿Está fallando el Gobierno en la implementación del acuerdo?

Les ha fallado a estas comunidades y ha centrado sus esfuerzos en generar instituciones y leyes que hoy en día no han traído un cambio significativo en la vida de las personas.

Nosotros hemos recogido testimonios en Chocó, donde las personas siguen sufriendo violaciones a los derechos humanos, porque el Estado no está fortaleciendo su presencia, que, por cierto, ha sido nula, y no ha generado procesos de confianza con la gente.

- ¿Cómo ve el futuro del acuerdo con las elecciones presidenciales?

La preocupación, sobre todo en el ámbito internacional, es que en estas elecciones se siga afectando aún más la implementación de un acuerdo de paz cuando paralelamente se está negociando con el ELN.

En ese sentido Colombia pasa por una encrucijada importante, de ahí que es el momento oportuno para que el Gobierno tome acciones para garantizar la protección de las comunidades afectadas por el conflicto y, además, empiece a priorizar y centrar su acción y los recursos que no están impactando de manera positiva a estas poblaciones.

- ¿Qué opinión tiene frente a la oposición que se ha hecho a este proceso con las Farc?

Lo que vemos es una alta politización y polarización del proceso de paz en su conjunto, en donde ciertas fuerzas políticas y económicas están utilizándolo para sus fines personales y esto es preocupante.

Un ejemplo fue el plebiscito en donde la mayor parte de los votantes estuvo en contra del acuerdo de paz, esto se refleja en una desconfianza de la sociedad, no solo de los sectores más establecidos sino también de los populares, y precisamente se da por la desinformación y la manipulación que se genera en un proceso de esta naturaleza, esa ha sido una falencia del Gobierno de no poder generar campañas de información de lo que significa el acuerdo con todos sus capítulos.

- Hablemos de los ataques contra defensores de derechos humanos

Lo que vemos con gran preocupación es que en la implementación del acuerdo de paz la violencia está siendo dirigida a los defensores, en donde el propio Estado no está haciendo un reconocimiento público de la importante labor que desempeñan y se niega que exista una tendencia sistemática, no solo de los asesinatos, sino también de cientos de amenazas y ataques que provienen de los grupos armados y de algunas fuerzas estatales.

- ¿Por qué se está atacando a estos líderes?

Tenemos que entender que las causas estructurales que han alimentado un conflicto armado de más de 50 años están muy vinculadas a la protección del interés económico de una minoría, ya sea a través de economías ilícitas como el trafico de drogas, la minería ilegal, pero también la legal como las empresas nacionales y multinacionales que se han beneficiado del conflicto, ocupando territorios de pueblos indígenas, campesinos y de afrodescendientes, generando desplazamientos forzados masivos que todavía continúan en muchos departamentos.

Pareciera que el Estado está priorizando el interés económico de una minoría en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías y en la medida en que no se atiendan de forma estructural las causas que han generado tanta muerte y sufrimiento en las comunidad a lo largo de este conflicto, va ser muy difícil que esta paz pueda ser sostenible y duradera.

“No se está priorizando en DD.HH.”

 - ¿Cómo está el país en materia de derechos humanos?

La situación está muy vinculada al conflicto armado, pero no es exclusiva de este contexto, si bien es cierto que durante las negociaciones de paz se ha venido presentando un aumento en los ataques a defensores de derechos humanos en una violencia dirigida y sistemática.

Hay una situación de conflicto, pero a la par hay gran desigualdad y discriminación que han ido aislando a las poblaciones del ejercicio de derechos básicos, como el caso de La Guajira con uno de los índices más graves en materia de desnutrición, especialmente en las comunidades indígenas que no han sido atendidas por el Estado.

- ¿Cómo sigue el tema en La Guajira?

Este tema es un caso emblemático en que se viven dos contextos: uno de ellos es el armado, pero también existe uno en el que las empresas extractivas como El Cerrejón están abusando de los derechos humanos y se han beneficiado de manera directa e indirectamente utilizando grupos paramilitares para desplazamientos forzados de la población indígena y, en algunos casos, hasta del exterminio de estas comunidades en algunas zonas.

Por otro lado, tenemos un abandono histórico de estos pueblos donde no han tenido acceso a derechos básicos como alimentación, salud, trabajo, participación política y un tema especial, el agua, que ha venido siendo apropiada por esta empresa afectando gravemente a las comunidades.

- ¿Qué otras zonas del país están viviendo crisis humanitarias?

Hay crisis humanitarias en otras partes del país y lo acabamos de ver con la minga indígena, que fue un acto de protesta frente al abandono estatal. Estas crisis se han empezado a expandir a otros departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Arauca, entre otros, que han sido regiones utilizadas estratégicamente por su riqueza natural y a las que han llegado empresas nacionales y multinacionales con un claro interés económico; además, han sido corredores importantes para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Es claro que la guerra continúa en estos departamentos, pero el problema está en no atender las demandas sociales de las comunidades.

- ¿Cómo están las instituciones del país frente a la defensa de los derechos humanos?

Colombia es uno de los países más contradictorios de la región, tenemos un país muy institucionalizado, porque aquí se crean instituciones y leyes para todo, lamentablemente han sido intentos irresponsables de las autoridades para atender problemas masivos en términos de las problemáticas sociales que ocurren en el país, porque esto no se ha traducido en un cambio significativo en las vidas de las personas.

Colombia fue uno de los primeros países en el continente en implementar mecanismos de protección a defensores de derechos, periodistas, operadores de justicia, e inclusive este modelo colombiano ha sido replicado por países como México, Brasil y Honduras, que tienen desafíos enormes en la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, estos mecanismos de protección siguen siendo ineficientes porque son de carácter policivo o militarista, en donde a un líder indígena se le pone un chaleco antibalas cuando en realidad se tienen que pensar en estrategias integrales de protección colectiva.

- ¿En qué otros temas está fallando Colombia en materia de derechos humanos?

Hoy en día en el mundo encontramos en un periodo de graves regresiones en materia de derechos humanos, se han hecho cuestionamientos a los marcos internacionales que por 70 años hemos construido y a los mecanismos de rendición de cuentas que se ven afectados por discursos divisorios e intereses políticos y económicos.

Vivimos un proceso de regresión bastante preocupante, en el que no solo buscamos garantizar la protección y defensa de los derechos, sino que también vemos un proceso de resistencia para no perder lo que hemos logrado en ese sentido en las últimas décadas.

El hecho de que en Colombia en lo corrido del 2017 más de 90 defensores hayan sido asesinados pone al país en lo alto de las listas que miden estos índices en términos de violencia, además es un reflejo de que no se está priorizando la agenda de los derechos humanos.