El Fiscal aseguró que los informes que se presentaron corresponden al inventario de procesos, secuestros cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y los delitos cometidos durante la persecución en contra de la Unión Patriótica (UP).

Martínez explicó que la primera entrega correspondió a un trabajo intenso que desarrollaron 400 personas, en principio, durante dos años en los que se analizó la información contenida en 223 mil 282 casos que se abrieron para investigar delitos cometidos durante el conflicto.

De todos estos casos, 13 mil corresponden a acciones irregulares cometidas por miembros de la Fuerza Pública, entre los que hay cinco mil procesos activos.

El Fiscal aseguró que en el total de los procesos hay 280 mil sospechosos o condenados, quienes dejaron más de 196 mil víctimas. Así mismo, el funcionario destacó que de todos los casos en carpeta cerca de 51 mil corresponden a investigaciones en contra de las Farc, de los cuales más de 20 mil están activos y en donde están sindicadas 64 mil personas, quienes dejaron 55 mil víctimas.

“La Fiscalía empezó a cumplir con el mandato de proveer de insumos a la JEP para que pueda desarrollar su función para cerrar las responsabilidades jurídicas de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado”, expresó Martínez.

El cruel negocio del secuestros

El capítulo de los informes de la Fiscalía dedicado al secuestro es una radiografía de la forma bárbara en la que fue escalando la guerra en Colombia, “uno de los peores símbolos de la degradación del conflicto”, en palabras de Néstor Humberto Martínez.

El Fiscal explicó que sus funcionarios encontraron un total de 6.162 casos en los que fueron secuestradas 8.163 personas, hechos perpetrados por 4.314 miembros de la guerrilla, aunque admite que hay una gran diferencia con respecto a las cifras que manejan otras organizaciones sociales, como el Centro de Memoria Histórica, que hablan de más de 40 mil secuestros.

Martínez explicó que la lógica que desarrolló las Farc con respecto a este delito no discriminaba de ninguna forma a sus víctimas: hubo niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, de todos los estratos sociales y orígenes étnicos.

“Este informe retrata una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado. La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política”, declaró Martínez.

La Fiscalía también explicó que el tema del secuestro se convirtió en estrategia de combate que fue discutida en las conferencias guerrilleras y que incluso se llegaron a hacer cartillas para que los diferentes frentes y columnas móviles siguieran un protocolo para el rapto y cautiverio de personas.

En el ente investigador hay registros de secuestros del grupo guerrillero cometidos en los años sesenta, siendo el periodo de 1994 a 2005 el más activo en cuanto a retenciones ilegales, con el 82% de los casos.

La Fiscalía estima que las Farc llegaron a recaudar unos seis billones de pesos, en dinero de la época, como producto de los pagos que recaudaron a los familiares de los secuestrados.

Herbin Hoyos, quien ha dedicado buena parte de su carrera periodística al apoyo de las familias de secuestrados, le contó a Colprensa que los guerrilleros no solo recibían dinero a cambio de las liberaciones, también solían pedir maquinaria para desarrollar obras civiles en lugares apartados, como la zona de distensión que el Gobierno de Andrés Pastrana creó en su intento de avanzar en un proceso de paz, o que incluso contaba con un grupo de notarios encargados de escriturar a nombre de sus integrantes, o testaferros, terrenos de personas plagiadas.

Hoyos también explicó que las Farc creó grupos de delincuencia común que actuaban bajo la modalidad de ‘outsourcing’ (tercerización), los cuales realizaban los secuestros en zonas urbanas para luego dejarlos a su disposición, como una estrategia para evitar exponer a sus hombres en lugares en donde la Fuerza Pública contaba con mayor presencia.

“En Bogotá hubo una banda muy conocida, ‘Los Calvos’, integrada por policías, quienes secuestraban para las Farc; también estaban ‘Los Pinchos’; pero hubo otra banda radicada en el barrio Quiroga que cometió 10 secuestros en la Capital y que cuando fueron a cobrar su porcentaje terminaron fusilados”, expresó el comunicador.

Hoyos aseguró que este sistema de tercerización explica en parte el gran subregistro de la Fiscalía en cuanto a secuestros de las Farc, porque se le adjudicaron a la delincuencia común raptos que fueron ordenados por el grupo guerrillero. Según los datos que ha recopilado durante su carrera, la cifra real puede ser de al menos 18 mil raptos.

Por su parte, Francisco Santos, quien padeció el drama del secuestro y dirigió por años la Fundación País Libre, le manifestó a Colprensa que en el caso de los secuestros del grupo guerrillero hay un tema en especial que se debe tratar con detenimiento.

“Hubo muchos políticos que utilizaron el tema de los secuestros de las Farc para hacer política, eso es un tema crítico, eso pasó en Cundinamarca para sacar de la contienda a sus adversarios, y no es solo el caso de la familia Turbay, eso es una historia que hay que contar y que es escandalosa”, declaró el exvicepresidente.

La persecusión de la UP

Sobre los crímenes contra la UP, el Fiscal aseguró que tiene información sobre 863 procesos, en donde quedaron registradas 1.620 víctimas, casos en los que hay 277 agentes del Estado vinculados por presunta responsabilidad.

Los casos más comunes contra dicho partido fueron los homicidios, cometidos entre 1987 y el 2003, siendo los departamentos de Antioquia, Meta y Santander los lugares en donde se concentró dicha persecución, también hay información bien documentada sobre crímenes cometidos en el sur del país, la Costa Caribe y Bogotá.

Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía se lograron 264 sentencias a nivel nacional, en las que fueron condenadas 374 personas, algunas de ellas miembros del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército y la Policía Nacional.

El Fiscal manifestó que todas las investigaciones sobre el conflicto armado seguirán su proceso en el ente acusador hasta el momento en el que se firme resolución de conclusiones por parte de la JEP, como lo dice la ley estatutaria del proceso de paz que cursa en el Congreso.

“Vamos a avanzar en estas investigaciones hasta que no se pierda la competencia por parte de la Fiscalía, esas son las reglas del juego, que entendemos muy bien la jurisdicción especial y la justicia ordinaria”, dijo Martínez.

La consolidación de procesos

Patricia Linares, presidenta de la JEP, aseguró que dichos informes son un punto de partida para el trabajo del tribunal y en especial para la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, por lo que ahora quedan a la espera de los balances que presenten la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación e incluso la asociación de víctimas del atentado en el Nogal.

La magistrada explicó que con este material, más la aprobación del paquete legislativo que está en estudio en el Congreso, podrá empezar a desarrollar los casos contra las Farc con normalidad.

“Podemos decir que en apenas cuatro meses contamos con un reglamento que estamos aplicando, con una ley de procedimiento que está ad portas de salir del Congreso. Estamos muy confiados en que los congresistas sabrán entender la importancia de que se expida en esta legislatura esa ley”, manifestó Linares.

La magistrada expresó que sostuvo conversaciones con los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero, e Interior, Guillermo Rivera, quienes le aseguraron que la próxima semana continuará el trámite en las plenarias.

Entre tanto, Linares también aseguró que habló con el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien le manifestó que antes de concluir este semestre emitirán los conceptos con respecto a la ley estatutaria y el acto constitucional que le dio vida jurídica a la JEP.