El tema de las contralorías territoriales parece de nunca acabar. La suspensión de la elección del contralor departamental de Antioquia y las denuncias de politiquería en la de Santander volvieron a poner el debate sobre la mesa sobre si estas entidades deben permanecer como una herramienta de control fiscal, o si deben ser eliminadas y, por el contrario, fortalecer la Contraloría general.

Esta no es la primera vez que se discute en el país la posibilidad de acabar con ellas en las regiones. En septiembre del año pasado, un grupo de 30 congresistas impulsó una iniciativa que buscaba eliminar las 65 entidades territoriales que hoy existen, porque se consideró que se han convertido en fortines políticos que permiten corrupción.

El proyecto no prosperó en el Legislativo, pero hoy está de nuevo en el centro del debate, justamente por casos de amiguísmos políticos y corrupción.

En Santander, por ejemplo, la polémica está encendida por temas de supuesta politiquería. Tras la renuncia de Pablo César Díaz Barrera, quien obtuvo los mejores resultados en las pruebas de convocatoria pública, solo quedaron tres candidatos, con dos fichas clave del clan Aguilar.

Carlos Fernando Pérez Gálvez y Edgar Higinio Villabona proceden de casas políticas tradicionales, lo que de entrada genera dudas sobre la imparcialidad del proceso. Por su parte, el tercer candidato, Hernando Medina, con una hoja de vida intachable no cuenta con apoyo político.

El otro caso es el del departamento de Antioquia, donde tuvieron que ser suspendidos los procesos de selección tanto de contralor departamental como de personero municipal. En este caso, fue por una demanda de uno de los aspirantes, quien consideró que el proceso de evaluación de capacidades, que se hizo a través de la Universidad de Antioquia, no fue correcto.

¿Qué está pasando?

Expertos en análisis político coinciden en que, tal vez, la problemática que más afecta a las contralorías territoriales es la influencia de intereses de políticos, que terminan por, en muchos casos, incidir en la elección de estos funcionarios, buscando que sean cercanos política e ideológicamente a ellos.

Por eso, están de acuerdo en que uno de los cambios radicales que deben incorporarse a la elección de los contralores regionales es, precisamente, el método como son elegidos para que se garantice que quien llegue a la corporación lo haga por su hoja de vida y experiencia y no por apoyos de mandatarios o políticos de la región.

Y es que la elección de estos funcionarios en los departamentos se da después de que presentan pruebas de conocimiento ante universidades y luego son escuchados por los diputados de las asambleas, y, en no pocos casos, prima la política por encima de la experiencia en control fiscal.

Jaime Bernal Cuéllar, quien fue procurador de la Nación y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sugiere que “hay que modificar el sistema de elección para que sea verdaderamente por un concurso de méritos, que puede estar reglamentado por la academia, pero esto debe darse no solamente en contralorías departamentales, sino de todos los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía”.

El exprocurador asegura, además, que “desafortunadamente la justicia se politizó, “en esto el país tiene que ser consciente y cambiar el sistema de elección. Cuando hay influencias políticas se desnaturaliza el control fiscal”.

Bernal añade que de no solucionar estas situaciones irregulares, en el futuro se enfrentarán problemas que hoy ya sufre el país y que no han sido atendidos.

“Sé de los problemas en contratación, la corrupción en esos procesos, falta de control en la ejecución de las obras, los elefantes blancos que están denunciando, las obras que han dejado a medias”.

Por su parte, el docente de la Universidad Externado Isidro Hernández dice que, aparte del problema de que la decisión final la toman políticos de las asambleas, es que los candidatos usualmente provienen de la rama judicial y en algunos casos no son expertos en temas de control fiscal.

“La mayoría de contralores no saben realmente de control fiscal. (...) Hay que recordar varias cosas. En primer lugar, no todos los municipios tienen contralores; solo hasta municipios de tercera categoría tienen posibilidad de tener contraloría; en los de cuarta, quinta y sexta el control lo hace la contraloría departamental. Pero ni los municipios eligen contralores que sepan de control fiscal, así como tampoco lo hacen los 32 departamentos del país”, explica.

Además, Hernández advierte que el control fiscal en las regiones del país ha sido limitado a acciones de auditoría. “Lo que dice la Constitución del 91, más el acto legislativo cinco, es que las contralorías deben hacer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado. La auditoría es apenas una acción, su labor es más integral”, explica.

El experto asegura que esta limitación en las funciones de control por parte de los contralores regionales genera mayores posibilidades de corrupción en los territorios y añade que la vigilancia que hacen ha perdido eficacia, pero no es partidario de que sean eliminadas, como se propuso en 2019 en el Congreso.

Quien sí cree que la solución a los problemas de las contralorías territoriales es eliminarlas es el excontralor Edgardo Maya Villazón, quien insiste en que solo debería existir una contraloría para todo el país. Considera que solo de esta manera podrá fortalecerse el control fiscal en el país.

“No hay razón para que un país como el nuestro tenga 65 contralorías, donde cada una actúa autónoma e independientemente, con distintos orígenes. Eso se presta para que la lucha contra la corrupción no se haga desde una única Contraloría. Desde hace mucho tiempo se debió abolir las contralorías territoriales, que son las departamentales y las municipales”, dice.

Además, Maya añade que los escándalos y las irregularidades presentadas a nivel de las contralorías regionales continuarán indefinidamente hasta que no cambie la estructura de control fiscal en el país.

El excontralor aseveró que aunque estas situaciones irregulares y de escándalos ya se habían presentado en el pasado, los entes nacionales de control sí han tomado las medidas pertinentes.

“Hemos visto actuar a la Procuraduría y a la Fiscalía frente a varios de los hechos registrados. Pero lo realmente importante es lo que haga la Contraloría en el control fiscal de los dineros públicos, que son uno solo, así sea a nivel departamental, municipal o nacional”, sentenció.

¿Y las personerías?

 Es necesario mencionar que en el caso de las personerías, el proceso de elección es también llevado a cabo por el concejo de cada ciudad. La Procuraduría, mediante un documento referente a los concursos de selección de personeros establece que:

“De acuerdo con las normas que se han dejado indicadas, el Concejo Municipal es el que tiene la competencia para elegir, mediante concurso de méritos, al Personero del respectivo Municipio; por ello, en criterio de esta Dirección Jurídica, el Concejo Municipal es el llamado para adelantar el concurso y de acuerdo con la sentencia C-105 de 2013, podrá contar con el apoyo técnico y organizacional de entidades e instituciones especializadas en la estructura, organización y realización de concursos de méritos, como se expondrá a continuación”.

El analista Isidro Hernández, sin embargo, establece que “todo lo que pasa por un concejo tiene necesariamente un sello político porque el concejo es la instancia política por excelencia de un municipio”. En ese orden de ideas, los riesgos de lo mencionado en el caso de las contralorías se reflejaría también en las personerías municipales.

Esta semana, además, se presentó un hecho que alimenta el escepticismo sobre la elección de personeros, cuando el director de la Escuela Superior de Administración Pública fue arrestado por incumplir una sentencia consistente en permitir la inscripción de una persona en 488 municipios.

¿Cómo se elige a los contralores?

Los contralores departamentales, así como los municipales y distritales, son elegidos por las asambleas departamentales.

Antes, eran elegidos a partir de ternas que eran conformadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El primero proponía dos aspirantes, y el segundo, proponía uno, para completar la terna.

A partir del acto legislativo 4 de septiembre de 2019, la terna es conformada a través de una convocatoria pública. Los candidatos que obtengan los mejores resultados en la convocatoria, que fue reglamentada por la Contraloría General en noviembre pasado, son quienes integran la terna.

Las pruebas que deben presentar los candidatos a contralor incluyen un examen de integridad y una experiencia, además de los puntos que se le asignan a la experiencia. La convocatoria, según la reglamentación de la Contraloría, debe realizarse al menos tres meses antes de la elección, pero esa disposición aún no se aplica a los contralores que inician su periodo en 2020.