Su apodo en el sitio de videos YouTube es iLCreation, y para demostrar que el sistema de protección de derechos de autor utilizado por decenas de portales tiene fallas, el internauta decidió poner una queja oficial que resultó en el bloqueo de videos de artistas tan famosos como Lady Gaga y Justin Bieber.

En Colombia, un proyecto de reforma legal conocido como la Ley Lleras convertiría a ese sistema de acusación y bloqueo de conte­nido en la regla general, no sólo para los sitios Web nacionales, sino para todo el material disponible en la Red.

Bieber, bloqueado
El problema puntual fue causado por el sistema de moderación de contenido que Google utiliza en su sitio de videos YouTube, y que esta semana se convirtió en el foco de atención de los internautas, después de que un usuario consiguiera bloquear videos de dos cantantes de pop famosos: Justin Bieber y Lady Gaga.

YouTube permite que sus usuarios señalen videos como inapropiados para menores de edad, y también tiene un sistema para reportar videos como infractores de derechos de autor. El sistema es automático; si muchos usuarios reportan un video como inapropiado, el portal deja de mostrarlo a los menores de edad. Si muchos indican que un video quebranta las leyes de propiedad intelectual, YouTube lo bloquea para todos sus usuarios. Todo esto sin la supervisión de los empleados del portal.

Consciente de que el sistema tiene esta característica, un usuario registrado en YouTube como iLCreation decidió reportar todos los videos del cantante Justin Bieber en el portal. El resultado: cada video en el canal oficial de Bieber fue removido por el sistema de YouTube, siendo reemplazados por un aviso genérico que pide disculpas a los usuarios del portal.
Durante todo el proceso, YouTube no pidió a iLCreation que ­verificara la legitimidad de sus declaraciones.

Manos atadas
Google no tiene demasiadas opciones; cuando un usuario de alguno de sus portales firma una petición oficial para remover contenido porque viola derechos de autor, la empresa debe bloquear el contenido, o arriesgarse a ser demandada. Y el volumen de videos y de peticiones de bloqueo que recibe la empresa es tan grande, que emplear a personas para supervisar el proceso sería demasiado costoso.

El resultado es que cualquier usuario puede bloquear cualquier video, incluso si es de un artista famoso en su canal oficial. De hecho, iLCreation no se limitó a Justin Bieber; el internauta también logró bloquear videos de Lady Gaga, Rihanna y Bruno Mars. Aún después de notar que alguien estaba abusando de su sistema de reporte de videos infractores, YouTube tuvo que limitarse a publicar un aviso a sus usuarios y prometer que solucionaría el problema, pues las acusaciones aún debían ser estudiadas y catalogadas como falsas oficialmente antes de reactivar el material.
Horas más tarde los videos de los artistas estuvieron disponibles.
    
Herramienta de bloqueo
En Colombia, la aprobación de la Ley Lleras implicaría que todo el Internet funcionaría con un sistema de reporte de material que viola derechos de autor similar al de YouTube.

En teoría, si un usuario es descubierto mintiendo para bloquear contenido se enfrenta a cargos por perjurio. En Estados Unidos, la DMCA establece precisamente ese castigo para personas como iLCreation, y los defensores de la Ley esperan que la pena desestimule la mala utilización de las herramientas de control de material protegido por derechos de autor, pero el castigo rara vez se aplica, y el caso de esta semana es sólo uno entre miles de ejemplos de abuso del ­sistema.

La Ley Lleras es una alternativa relativamente poco drástica, sobre todo si se compara con políticas como la de los ‘3 strikes’, donde los infractores quedan desconectados de la Red de forma temporal. Pero el sistema no es perfecto, y cuando se aplique va a tener consecuencias lamentables para los internautas que sean víctimas del abuso de la herramienta legal.

Sus creadores tienen el deber de atender a estas posibles prácticas de bloqueo ilegítimo, y asegurarse de que la Ley no va a ser usada para vulnerar el derecho a la libre expresión de los internautas.

EFF busca revivir casos contra el gobierno de Estados Unidos
La Electronic Frontier Foundation, o simplemente EFF, es una organización que aboga por los derechos de los internautas, en asuntos que van desde el respeto a la privacidad hasta su derecho a modificar el software de sus teléfonos inteligen­tes. La organización suele limitarse a impulsar campañas de educación y apoyar las iniciativas de cambio de leyes que inician algunas personas u otras entidades, pero en algunos casos sus miembros están dispuestos a involucrarse directamente en asuntos que consideran de importancia vital para el desarrollo de la tecnología.

Esta semana, la EFF decidió ir a la corte en Estados Unidos, todo con el objeto de demostrar que los ciudadanos de ese país tienen derecho a demandar a su gobierno si este usa la tecnología moderna para guardar registros de sus conversa­ciones o de sus mensajes.
Tres jueces en una corte del Estado de Washington decidirán si la EFF tiene razón, y varios procesos legales en contra de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, NSA por su sigla en inglés, deberían ser reabiertos.

La EFF acusa a la NSA de revisar el tráfico de Internet y los datos de voz y texto de las redes de telefonía móvil de todos los operadores del país, para obtener información de sospe­chosos de actividades ilícitas, sin atender a las leyes estable­cidas para llevar a cabo ese tipo de procedimientos.­ Si la EFF consigue su objetivo, más de una docena de casos contra l NSA y el Gobierno de Estados Unidos serían reiniciados, a pesar de que una ley aprobada en 2008 confirió al Presidente del país el poder de otorgar inmunidad legal retroac­tiva a las compañías telefónicas, por entregar información de sus ­suscriptores.

“Creemos que esto da demasiado poder a la rama Ejecutiva” dice Cindy Cohn, directora legal de la EFF. “La constitución señala límites para el poder que esa rama debería ­tener”. Un abogado representante de las compañías telefó­nicas argumentó que la decisión de dar inmunidad a las empresas era la correcta, pues las libraba de la costosa res­ponsabilidad de defender cada caso en una corte.