Amparando los derechos colectivos, el Tribunal Administrativo del Tolima falló en segunda instancia a favor de los residentes de los barrios: Bello Horizonte, Villa Marina y Praderas de Santa Rita en la comuna Nueve de Ibagué, quienes desde hace varios años vienen pidiendo la intervención de la carrera 19 entre calles 117 y 125, que a la fecha está convertida en una trocha.

Según ha denunciado la comunidad, la ausencia de alcantarillado pluvial ha generado que en la época de lluvias el agua se desborde por la vía con bastante fuerza, se empoce al aire libre, se filtre en las viviendas y convierta en lodazales los caminos que los mismos residentes han intervenido para mejorar la movilidad. 

La situación además impide que se hagan labores de pavimentación, pues como dicen los mismos vecinos, cuando el agua se desborda “arrasa con todo”. 

Martha Garzón, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Marina sostuvo que: “aquí cuando llueve el agua baja, llega y deja unos huecos que nos toca rellenar para pasar carros y motos”.

Heriberto Rojas, otro líder comunal expuso, “los dos fallos son producto de la indiferencia de varias administraciones y del Ibal por hacer caso omiso a las peticiones y denuncias de la comunidad, por no ejecutar un proyecto que canalice todas las aguas lluvias que se concentran en este sector cada vez que llueve y  procesos de reposición de redes hidrosanitarias que garanticen la certificación de esta vía para dar lugar a que el municipio, a través de la Secretaría de Infraestructura, pueda intervenir las mismas con pavimentación”.

Cabe reseñar que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito ya había emitido un fallo en el que ordenaba que se accediera a las pretensiones de la comunidad; no obstante, tanto el Ibal como el municipio impugnaron la decisión.

La empresa de alcantarillado indicó que, para solucionar la problemática se debía hacer un estudio técnico que determine el caudal que se recoge en el sector, así como un estudio del suelo para evaluar el diámetro de la tubería que sea acorde con la carga de aguas residuales que caen en la zona. 

El municipio, por otro lado, acotó que no puede actuar si primero no lo hace el Ibal.

No obstante, el Tribunal no les dio la razón, por el contrario, le dio 12 meses al Ibal para que haga las intervenciones respectivas y al municipio seis meses, que se empiezan a contar a partir de la expedición de la certificación de redes hidrosanitarias por parte del Ibal. 

Que se lleven los tubos 

La comunidad por varios años también ha insistido a las autoridades que se retire una tubería que se dejó en el lugar y que se supone haría parte de las obras del Acueducto Complementario, particularmente del inconcluso ‘Tanque de la Fiscalía’.

Según se le ha informado a la comunidad, la tubería es de propiedad de la firma contratista encargada de la obra en su momento; sin embargo, por un litigio jurídico entre las partes, ni el Ibal, ni el consorcio se apersonan de la recolección. 

La comunidad ha denunciado que el material expuesto al sol y al agua desencadena la presencia de consumidores de sustancias psicoactivas. 

Dato

El Tribunal además ordenó la integración de un comité de verificación conformado por un titular del despacho judicial, representantes de la comunidad, Alcaldía, Ibal y Ministerio Público. 

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