Por el escándalo de corrupción de Fondelibertad, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a la exdirectora del CTI  Marilú Méndez y al exdirector del Fondo Harlan Henao, quienes deberán presentarse el próximo 5 de septiembre ante la justicia.
Durante la audiencia, un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le endilgará a Méndez los cargos de peculado, concierto para delinquir y celebración indebida de contratos, por haber, presuntamente, promovido el nombre de sus familiares, aprovechando su cargo, para que se les asignaran contratos de Fondelibertad.
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y dadas a conocer por los medios, Olga Lucía Méndez, hermana de la funcionaria, firmó un contrato por 65 millones de pesos por un año para el “servicio de operarias y cafetería en los Gaulas”. Su hijo Said Idrobo obtuvo un contrato entre marzo y abril de 2010 por 50 millones de pesos. El exesposo de Méndez, a través de la empresa Idrobo Asociados S.A., también adquirió un contrato para la capacitación de efectivos del Ejército en asuntos de inteligencia.
De igual manera el ente acusador buscará esclarecer la responsabilidad de Henao en la asignación de los millonarios contratos que durante el 2009 y 2010 fueron asignados a 23 contratistas.
Según Semana, estos contratos se hicieron sin el cumplimiento de los requisitos legales necesarios y en ocasiones por contratación directa, cuando la ley exige licitación para la asignación de recursos y obras del Estado, en atribución a la sana transparencia del proceso.
Las denuncias, que fueron dadas a conocer por Caracol radio y Caracol televisión, a finales de octubre de 2010, mostraron que “eran los mismos contratistas quienes elaboraban los estudios previos a la contratación, la supervisión de los contratos, el trámite de legalización de pago de los contratos y los pagos”.
Pero no sólo las denuncias refieren a los contratos, también fueron descubiertas irregularidades en la compra de equipos de la Fuerza Pública que no venían con las especificaciones técnicas para su funcionamiento en rescate de secuestrados.
Según el coronel Essau Narváez, director nacional de los Gaulas Militares, “podrían poner en riesgo” al personal que ejecutaba los rescates.
Así mismo, Caracol noticias reveló  un informe de auditoría realizado por el propio Ministerio de la Defensa en el que demostró cómo “Fondelibertad, que no autorizaba más de 25 galones de gasolina a la semana, en dos días había girado 15 millones de pesos en vales para gasolina”.
    
Intervención de Fondelibertad
A inicios del mes de noviembre de 2010, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó la intervención del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, Fondelibertad, a raíz de las múltiples denuncias que se dieron a conocer desde octubre del mismo año y que mostraban un detrimento patrimonial en las arcas del Estado superiores a los dos mil millones de pesos.
En la reestructuración que planteó el Gobierno, se reduciría el presupuesto de la entidad al 64 por ciento. Su planta de personal, que era de 110 personas para el 2010, se redujo a 32 trabajadores, quienes se sostendrían durante el 2011.
De acuerdo con las declaraciones que entregó el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, la entidad pasó a manos de la Dirección Operativa para la Libertad Personal, adscrita al Viceministerio de las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa.
Por otro lado las contrataciones, que superan la “cuantía de los 10 mil salarios”, serían asumidas por la Dirección Administrativa de la Gestión General del Ministerio de la Defensa Nacional.