En una carta, el magistrado Escobar justificó con los nombramientos y negó que se haya congelado el proceso de posesión de los 33 funcionarios, entre los que se encuentran los 13 togados, como lo manifestó el vicepresidente de la Judicatura, Ricardo Monroy, quien señaló que la vigencia del acuerdo estaba suspendida.

“En el acuerdo PSAA11-8294 de 2011 fueron adoptadas medidas complementarias que están vigentes y corresponde a la autoridad nominadora implementarlo y ponerlo en ejecución”, señala uno de los apartes de la misiva enviada por el Presidente de la Sala Administrativa.     

El magistrado Escobar negó que se haya presentado irregularidades en el proceso de nombramiento como lo señaló el Presidente de la Corte Constitucional.

“Medidas similares, de la misma naturaleza, fueron aprobadas a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en época anterior y es completamente legal de conformidad con las facultades constitucionales que tiene su corporación”, respondió.

A través de la determinación, la Sala Administrativa adoptó un plan de descongestión que contemplaba la incorporación de 13 nuevos magistrados auxiliares en la Sala Disciplinaria, entre otros funcionarios, lo que generó reacciones dentro de la misma Rama Judicial que, a través de algunos de sus representantes, exigía la justificación de la medida por considerarla desequilibrada en equivalencia con otras jurisdicciones, en materia de descongestión.