La decisión se tomó después de la revisión de miles de folios relacionados con la celebración de contratos por parte del Instituto,  en los cuales se encontraron “serias inconsistencias”.

Entre las fallas más graves que se encontraron y que constan en un informe de 350 páginas están los sobrecostos, problemas en la elección de los contratistas, irregularidades en la ejecución de los contratos y una errónea celebración de los servicios para los cuales habían sido contratados.

Por esto la delegada del Ministerio Público le hizo varias recomendaciones al ICBF y le solicitó a la Contraloría y Fiscalía “que determinen si hay lugar a abrir investigaciones penales y disciplinarias” sobre estas irregularidades que pusieron en riesgo el derecho a la alimentación y protección a los niños, adultos mayores y madres embarazadas y gestantes. 

En un contrato específico, la procuradora Hoyos manifestó que en una revisión se encontraron fallas en los proveedores y en la entrega de los servicios como alimentos en estado de descomposición debido a los malos cuidados, retrasos en la entrega de la alimentación, reemplazo de la bienestarina por refrescos en polvo, entre otras serias irregularidades. 

Como punto llamativo se encuentra el hecho de que en uno de los contratos más importantes está relacionado el exsecretario jurídico de Presidencia Edmundo del Castillo, quien realizó tareas de asesoramiento judicial al Instituto.