Ya que el dinero para la falsa desmovilización de la compañía 'Cacica Gaitana' de las Farc salió del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Casa de Nariño que sea interviniente en el juicio que se le adelanta al general (r) Lelio Fadul Suárez Tocarruncho por esos hechos.

"(...) De los hechos que son materia de este juicio surge el delito de peculado por apropiación a favor de terceros que puede implicar el detrimento del patrimonio público pues, según se sostiene en el escrito de acusación, como consecuencia de la supuesta falsa desmovilización, se hicieron desembolsos del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los cuales superaron los  mil 139 millones de pesos utilizados en logística y beneficios económicos a los desmovilizados", aseguró Barceló.

Por esta misma consideración, la Sala Penal aceptó como víctima en el juicio a la Contraloría General de la República. Por otro lado, el tribunal rechazó la pretensión del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de ser aceptado como víctima en el proceso ya que no se evidencia daño concreto alguno en su contra.

"Esta respetable ONG no acredita la existencia de daño real y específico como consecuencia de la falsa desmovilización pues no explica porqué los riesgos que han debido afrontar tienen origen en circunstancias existentes desde antes de cometerse los supuestos ilícitos que la Fiscalía le imputa al acusado", señaló la Sala.

Suárez Tocarruncho es procesado por los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego para defensa personal y de uso exclusivo de la fuerza pública

Según señalaron los magistrados la investigación estableció "con probabilidad de verdad" que el general (r) actuando como director de Inteligencia y Contrainteligencia en el Ejército "probablemente incurrió en conductas al margen de la ley que dieron lugar a que el siete de marzo de 2006 en la vereda La Tebaida del municipio de Alvarado, Tolima, se llevara a cabo un acto solemne de desmovilización de 66 personas supuestamente pertenecientes a la compañía cacica La Gaitana de las Farc, acto al parecer financiado por el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, con el fin de evitar su extradición".