Narcotráfico, dejación de armas, participación política y reparación a las víctimas son temas que estarán sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y las Farc. Cada parte tiene sus apuestas claras, pero solo se sabrá si éstas tendrán éxito a medida que avancen las negociaciones. 

El Gobierno, según lo expresó el presidente Juan Manuel Santos, tiene claro que estos diálogos son una oportunidad que no se puede desaprovechar, pero existe un moderado optimismo para no crear demasiadas expectativas. 

Lo cierto es que existe un documento que establece cinco puntos de discusión claves. De estos puntos, para Santos las víctimas y la lucha contra las drogas serán temas fundamentales, así como para las Farc lo serán el regreso a la vida civil y la dejación de armas. 

De hecho, el Jefe de Estado expresó que si el grupo guerrillero se convierte en un aliado para luchar contra el narcotráfico, esto significaría un paso definitivo en esa batalla, para Colombia y el mundo. La pregunta que surge, entonces, es si realmente las partes están dispuestas a ceder considerablemente en algunos asuntos sensibles. 

Los puntos a favor de las Farc

Uno de los ejes para lograr el anhelado acuerdo es la participación política, que ofrecería garantías para que eventualmente nuevos movimientos, que se formen luego de una negociación, lleven a cabo actividades proselitistas. 

Según el acuerdo preliminar firmado por las partes, en el segundo punto se habla de “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación”. 

De hecho, en una de las últimas entrevistas que Santos concedió a un medio de comunicación, insistió en la posibilidad de darle participación política a las Farc, siempre y cuando se logre el éxito en las negociaciones de paz. 

“No se le puede pedir a la Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida y esta salida debe permitirte participar en la arena política. Esta es una manera en la que se resuelve un conflicto, no solo el conflicto colombiano”, señaló. 

Y a pesar de las críticas que ha recibido, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe, por suponer que se le está tendiendo la mano al grupo guerrillero, la respuesta de Santos ha sido que: “Algunas personas piensan que la paz puede lograrse matando al último miembro de las Farc y eso no es posible”. 

De allí que sea posible suponer que durante las conversaciones el Gobierno esté dispuesto a ceder y a ofrecerle posibilidades que resulten atractivas para las Farc. Incluso, se abriría la posibilidad de permitir a la guerrilla encontrar un espacio en la vida política e incluso presentar candidatos a las elecciones de 2014. 

"Si el proceso de acuerdos sigue y se generan las condiciones políticas para participar en elecciones podríamos pensar en esa posibilidad", dijo en La Habana Jesús Emilio Carvajalino, alias ‘Andrés París’ y uno de los negociadores de las Farc. 

En ese camino, el Gobierno ya expidió un decreto para proteger a través de un programa especial a los miembros de la oposición. Según el ministro del Interior, Fernando Carrillo, esta norma es importante en el marco del proceso de paz. 

“En el espíritu de Oslo y de la Habana, en el espíritu de la exploración de los proceso de paz estamos entregando garantías a la oposición, en uno de sus derechos fundamentales que es derecho a la vida, a la libertad y a la integridad”, dijo Carrillo. 

A esto último se le suma la posibilidad de que las Farc dejen las armas y se reincorporen a la sociedad civil. Además se revisaría la situación de aquellos guerrilleros que están presos y procesados. 

El acuerdo firmado establece: “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo a sus intereses, y “el Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”. 

Otro de los compromisos que asumiría el Gobierno sería intensificar el combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo aquellas responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 

Objetivos del Gobierno

Desde el inicio de su mandato, Santos ha reiterado que uno de sus propósitos es ofrecerles un espacio a las víctimas del conflicto para repararlas y devolverles las tierras que han perdido. Precisamente, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se creó el marco jurídico para hacerlo, pero con las Farc estos dos asuntos serán vitales, pues el propósito será lograr que las víctimas conozcan la verdad sobre algunos hechos. 

En el acuerdo se mencionan los derechos humanos de las víctimas y la posibilidad de que conozcan la verdad, a través de los testimonios que ofrecerían los guerrilleros frente a varios hechos enmarcados en el conflicto armado. 

Por otro lado, está la lucha contra las drogas que buscaría sustituir los cultivos ilícitos con planes integrales de desarrollo y recuperación ambiental de zonas afectadas por el narcotráfico. Nariño, por ejemplo, es el departamento más afectado por los cultivos de coca en el país, con un total de 17.321 hectáreas, equivalente al 27 por ciento del total nacional. 

Para el gobernador de Nariño, Segundo Raúl Delgado, teniendo en cuenta este panorama, el Gobierno Nacional debería proponer precisamente una estrategia de sustitución de cultivos de coca que deje atrás la erradicación forzosa y la fumigación, que son las estrategias usadas reiterativamente. 

"Ya en la agenda que se ha dado a conocer entre el Gobierno y las Farc, en el cuarto punto, frente al problema de drogas ilícitas, se plantea en el primer numeral ‘programas de desarrollo rural con participación de la comunidad’. Seguramente cuando se discuta ese punto se va a conocer mucho la experiencia de Nariño, que le ha servido a la paz del departamento y que le puede servir a la paz del país", aseguró el Gobernador. 

Esto último al referirse a un programa llamado ‘Sí se Puede’, que pretende fomentar la sustitución de la coca a través de estrategias de desarrollo rural. En Nariño, esta iniciativa lleva una primera fase, con el apoyo de la Unión Europea y una inversión de 2,2 millones de euros. 

Finalmente, un punto en el que posiblemente Farc y Gobierno coincidan es crear una política agraria integral que dé lugar a la democratización del acceso a la tierra, formalización de propiedad y el desarrollo de las regiones más apartadas. 

Se pretende estimular la producción agropecuaria, la economía solidaria y cooperativa. Además ofrecer asistencia técnica, subsidios y créditos. También se habla, en el acuerdo, de un sistema de seguridad alimentaria y la formalización de la propiedad. 

Faltan pocos para que se instale la mesa de diálogos en Oslo (Noruega) y el país espera expectante los resultados de las primeras reuniones, que serán a puerta cerrada, entre los negociadores. Resta esperar si además de los puntos acordados para analizar se sumen otros como el futuro de la extradición y del futuro político de los jefes guerrilleros. 

De cualquier modo, según Santos: “Si veo que no hay progreso, que simplemente están tratando de ganar tiempo, voy a ponerme de pie y seguir trabajando como de costumbre. Y es por eso que no hay alto el fuego, sin disminución de nuestras operaciones militares y mi agenda de gobierno continua como estaba hasta entonces”.