De acuerdo con la investigación, el 16 de julio de 2003 integrantes de la Contraguerilla Trueno y Zarpazo, pertenecientes al Batallón de Artillería No.2, La Popa, arribaron al corregimiento de Guatapurí, en zona rural de Valledupar, retuvieron y dieron muerte a los indígenas kankuamos Uriel Evangelista Arias Martínez y Carlos Arturo Cáceres. 

Las víctimas fueron reportadas por el comandante del Batallón la Popa, teniente coronel Publio Hernan Mejía Gutiérrez, como miembros de una facción de las Farc, que se enfrentaron a las tropas. 

El fiscal a cargo de la investigación profirió medida de aseguramiento de detención preventiva, como coautores responsables de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y fabricación tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares en contra del coronel Mejía Gutiérrez que en la actualidad se encuentra privado de libertad. 

La decisión también cobija a Carlos Andrés Lora Cabrales, quien para la época de los hechos se desempañaba como Teniente y en la actualidad se encuentra purgando una pena de 30 años de prisión impuesta por el Juzgado Único del Circuito Especializado de Valledupar. 

También a Efraín Andrade Perea, Sargento viceprimero en ese entonces y actualmente privado de libertad, sindicado del delito de concierto para delinquir agravado; Luis Francisco Aragón Buelvas, quien se desempeña en el grado de cabo primero del Ejército Nacional, el soldado profesional Wilson Blanco Pérez; así como Jairo Antonio Rodríguez Castro, actualmente técnico de helicóptero en el batallón de mantenimiento del Ejército Nacional. 

La medida de aseguramiento también afectó a Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, actualmente privado de libertad, purgando una pena por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida y Geiber José Fuentes Montaño, condenado a una penas de 40 años por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.