El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció ayer que hoy impugnará el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que le ordenó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, restituir a Gustavo Petro como alcalde de la ciudad.

“Lo que debo decir es que la Procuraduría estará en el día de mañana (hoy) interponiendo el recurso de apelación correspondiente para que la Corte Suprema de Justicia defina lo pertinente”, señaló.

Ordóñez dijo que argumentará que la jurisprudencia ha ratificado que él sí tiene competencia para sancionar a funcionarios de elección popular y estimó que el presidente Santos tenía que cumplir con la orden del Tribunal.

A juicio de Ordóñez, este tema de las facultades del Ministerio Público ha sido ratificado en, al menos, 40 tutelas que se han presentado a lo largo del denominado ‘Caso Petro’.

Lo que viene

Después de la restitución de Petro en su cargo, y mientras se conoce el fallo sobre la impugnación de la Procuraduría, el proceso de revocatoria que había sido suspendido después de la destitución al burgomaestre, ha sido reactivado.

Así lo confirmó ayer el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien aseguró, que la Registraduría Distrital continuará con el proceso porque “como no fue destituido el alcalde y se revirtió todo lo actuado, hay que continuar la revocatoria”.

Si no sucede algo extraordinario en el ‘caso Petro’, como ya es costumbre, la Registraduría deberá en dos meses, convocar a las elecciones de la revocatoria y que sean los capitalinos quienes decidan de la continuidad de Gustavo Petro.

¿Una decisión política?

El presidente del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Eduardo Carvajalino expresó que el fallo que restituyó en su cargo al mandatario distrital Petro, fue una decisión basada en la jurisprudencia colombiana y no en política.

“La decisión es jurídica porque a partir de la Constitución de 1991 Colombia trabaja con el Bloque de Constitucionalidad”, dijo el togado, quien además explicó que el país tiene unos compromisos internacionales, por lo que se deben acatar las recomendaciones de los organismos foráneos.

Hay que aclarar que la sentencia se dio tras resolver el recurso de tutela interpuesto por Óscar Augusto Verano, contra el presidente de la República, Juan Manuel Santos, por considerar que no se respetaron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre acatar las medidas cautelares, mientras se tomaba una decisión de fondo en el fallo de la Procuraduría que destituía e inhabilitaba a Petro.

Sanciones por esquema de basuras

El Superintendente de Industria y Comercio Ad Hoc, Luis Guillermo Vélez, sancionó tres empresas y a 10 funcionarios y exfuncionarios de la administración distrital, al encontrar una violación a la libre competencia en el nuevo esquema de basuras de Bogotá, implementado por el alcalde Gustavo Petro. La Superintendencia ordenó, además, cesar el actual esquema en un plazo máximo de seis meses.

Las empresas sancionadas y multadas por la entidad son: la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), con una multa de $61.600 millones; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), por un monto de $17.864 millones; y a la empresa Aguas de Bogotá, con una sanción de $2.217 millones.

Entre los funcionarios sancionados se encuentran el hoy restituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por un monto de $410 millones, luego de que la entidad constatara que Petro “fue el principal artífice de la participación que tuvo la EAB en la implementación del nuevo esquema, desde su génesis hasta su materialización real”.

En la sanción de carácter económico se estableció de la siguiente forma: a la directora de la Uaesp, Nelly Mogollón 160 millones, Henry Romero exdirector de la Uaesp 40 millones, Alberto Merlano Gerente de la EAAB 240 millones, Diego bravo exgerente de la AEEB 410 millones, Ricardo Agudelo, Mario Álvarez, Gerardo Ardila Calderón, María Mercedes Maldonado y José Orlando Rodríguez con 65 millones cada uno.