RESUMEN AGENCIAS

Ayer, la USO anunció un posible paro convocando a 33.000 trabajadores, tras 40 días de negociación con la compañía petrolera Ecopetrol, sin llegar a acuerdos definitivos.

Según Edwin Castaño, presidente de la Junta Directiva de la USO, los trabajadores tendrían un periodo de limbo de 10 días, donde definirán si entran en cese de actividades o no.

Según Castaño, desde la semana pasada se han interpuesto 50 querellas que buscan la legalización de los contratos directos de los trabajadores que hoy laboran para firmas contratistas de una manera sectorizada, para que sean parte de la compañía petrolera o se les respeten sus condiciones laborales de una manera digna.

Los sindicalizados, dentro de su pliego de peticiones, también exigen que Ecopetrol vuelva a ser 100% estatal, que se recompren las acciones que están en las bolsas de valores y disminuir el precio de la gasolina.

Los voceros de la USO también le solicitan a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Fiscalía que revisen si se están configurando irregularidades en la contratación con Ecopetrol.

Si la USO y Ecopetrol no llegan a un acuerdo, será un tribunal de arbitramento obligatorio el que se encargue de definir las condiciones económicas y laborales que regirán en la empresa, apuntó un comunicado de prensa de la petrolera.

Lo que se ha hecho

Ecopetrol informó a través de un comunicado de prensa, que continúan las conversaciones con los sindicatos coexistentes en la empresa (USO, Adeco, Aspec y Sindispetrol) para definir la próxima convención colectiva de trabajo.

Así mismo, indicó que se ha avanzado en importantes temas para los trabajadores como son beneficios, condiciones de trabajo y mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.

Sobre la posibilidad de que se convoque a una huelga, la Empresa reiteró que por prestar Ecopetrol un servicio público esencial, constitucional y legalmente, ello no es viable. Así lo han expresado Altas Corporaciones Judiciales como la Corte Constitucional en el año 1995 y el Consejo de Estado en sentencia de 2011, además del Ministerio del Trabajo en pronunciamiento de febrero de 2014.