El director nacional del Sistema Penal Acusatorio y de Articulación en Materia Penal, Camilo Burbano, explicó que Bogotá es la ciudad en la que más se han presentado aplazamientos de diligencias.

“Estas audiencias están relacionadas con temas de juicios de responsabilidad penal, imputaciones, medidas de aseguramiento, solicitudes probatorias, entre otras, hecho que ha generado un gran retraso en el sistema, que no podrá ser superado si no se levanta el paro”, puntualizó.

Otros de los departamentos que se han visto afectados por el aplazamiento de las audiencias son Bolívar (1.624), Meta (1.558 ), Nariño (803), Caquetá (790) y Boyacá (520).

Ovidio Claros, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que son respetuosos de las bases sindicales y los sindicatos, lo mismo que de sus directivos y que todos los empleados de la rama judicial tengan a bien tener peticiones, pero hay que tener claro que la justicia es un servicio público esencial.

En este sentido, manifestó que “no podemos darnos el lujo de estar en unas huelgas y más si son prolongadas, como es lo que viene ocurriendo y fuera de eso empatando con unas vacaciones, lo cual es un impacto negativo muy grande contra la justicia”.

COSTO DEL PARO ASCIENDE A LOS $98 MIL MILLONES

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura señaló que el costo presupuestal del paro judicial asciende a $98.452 millones 984.994. Según la corporación, dentro de los cálculos que se realizaron no se tuvo en cuenta los costos que afectan directamente la economía de los usuarios de servicio de justicia, ni el impacto del cese de actividades económicas en el mercado.

Se espera que para mañana, cuando empiece la vacancia judicial, el costo total del paro sea aproximadamente de $100 mil millones.