El Gobierno y las Farc anunciaron ayer que la Comisión de Juristas que tienen designadas las partes, se reunirán el próximo sábado 17 de octubre, con el fin de resolver los vacíos que persisten en el acuerdo de Justicia Transicional, lo cual los ha distanciado y frenó en parte la negociación.

Esto luego de una reunión realizada ayer en la que estuvieron las delegaciones de ambas partes, en presencia de representantes de los países garantes, Cuba y Noruega; buscando mecanismos para dirimir las diferencias en torno a los pendientes de la Jurisdicción Especial de Paz.

El comunicado conjunto señala que el encuentro “se desenvolvió en un ambiente respetuoso y constructivo”, por lo que se logró convenir un cronograma de trabajo del grupo de juristas, quienes seguirán trabajando en torno a la definición de aspectos, como la extradición y el alcance de la restricción efectiva de la libertad de los guerrilleros.

La discusión

Cabe recordar que el jueves, al término de otro ciclo de diálogos, las Farc advirtieron que el Gobierno ha faltado a lo pactado en la Mesa, sugiriendo que faltan puntos por desarrollar en la totalidad del documento del acuerdo de justicia, firmado el pasado 23 de septiembre.

Al respecto el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, respondió enérgicamente señalando a la guerrilla de “faltar a la verdad”, y aclarando que lo que dio a conocer la Mesa son aspectos que sientan las bases de un acuerdo definitivo en materia de justicia.

“Hubo un acuerdo plasmado en 10 puntos, pero respecto del documento más largo jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable (…) Lo importante ahora, ante esta arremetida verbal injustificada e inaceptable de las Farc, utilizando expresiones ofensivas que el Gobierno rechaza, es esclarecer los puntos que no hemos aceptado”, dijo el jefe negociador.

Dentro de esos pendientes del acuerdo están la elección de los magistrados del Tribunal de paz, el alcance de la restricción efectiva de la libertad, y la extradición. Sin embargo, una diferencia mayor viene por parte del Gobierno, que considera que ninguna forma de secuestro puede ser indultada.