RESUMEN DE AGENCIAS

Un fuerte cuestionamiento recibieron ayer el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y la ministra de Transporte, Natalia Abello, porque las medidas anunciadas para la reglamentación de los taxis de lujo habrían sido copiadas de un proyecto de ley que se tramitó en el Senado y al cual se opuso el Gobierno nacional.

Los señalamientos surgieron del senador de La U, Andrés García, quien explicó que son muchas las dudas que quedaron tras el anuncio que hizo el Gobierno el lunes, como por ejemplo por qué se tiene el decreto con fecha de mayo y se expide en noviembre.

“Este decreto habla de taxis de lujo, hace más de un año radiqué un proyecto y en esencia es lo mismo del decreto; sin embargo, el 3 de junio pasado el Gobierno se opuso a que se le diera trámite. Era un escenario en donde podían hablar todos los sectores, solo espero que se retire el decreto y se le dé trámite a la nueva ley que radicarán”, indicó el senador.

Para Andrés García, lo que se indica en el decreto son medidas de corto plazo y sólo pensando en Uber, pero no en otras aplicaciones que funcionan en todo el país.

“Los cupos van a aumentar de precio y se soluciona el problema con los cupos, y eso lo terminaremos pagando los colombianos con más tarifas”, planteó García, al considerar que se está favoreciendo a los monopolios de ese sector del transporte.

El decreto

El Gobierno explicó los alcances del decreto a través del cual se reglamenta el servicio de transporte de lujo.

El documento tiene cuatro bases: la comodidad del usuario, la accesibilidad al servicio, la seguridad tanto de los vehículos como de los usuarios y el criterio de calidad del servicio.

Las empresas interesadas en prestar el servicio de lujo deberán obtener la habilitación o modificarla, cumpliendo requisitos mínimos establecidos para el servicio básico.

Dentro de las condiciones está que quienes presten el servicio a través de plataformas deben registrarse como empresa legal, demostrando capital pagado o patrimonio líquido en un porcentaje adicional del 30 por ciento, sobre montos establecidos.

Así mismo, la empresa deberá acreditar que cuenta con plataformas tecnológicas propias o a través de contratos con terceros, ya que la solicitud y pago del servicio sólo podrá hacerse a través de este medio.

“El taxi que reúna las condiciones que fija el decreto puede mutar y trasladarse a prestar un servicio de lujo, siempre y cuando se afilie a una empresa legalmente constituida con su capital pagado”, explicó Vargas Lleras, y advirtió que habrá un plazo de seis meses, a partir de la firma del decreto, para aplicar la norma.

Sobre el costo del servicio, el Gobierno aclaró que las tarifas no pueden ser iguales o inferiores a las que ofrecen los taxis actualmente.