RESUMEN DE AGENCIAS

Definitivamente el proceso de paz con las Farc se firmará sin el acompañamiento del uribismo. Así quedó evidenciado ayer cuando desde el Gobierno se informó que la determinación expresada por el jefe de la oposición, Álvaro Uribe, de poder cambiar su posición sobre los acuerdos es inaceptable.

En ese sentido se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien en declaraciones a los medios de comunicación sostuvo que “reabrir (los puntos ya acordados) es inviable y todos los colombianos lo sabemos y lo entendemos”.

El expresidente Uribe le propuso el jueves al Gobierno y las Farc que reabrieran el tema del punto de justicia, en el que insistió se pactó que haya impunidad y los jefes de la insurgencia no tengan un día de cárcel.

Cristo manifestó que la Justicia Transicional garantiza el juzgamiento y las penas para los integrantes de las Farc, a la vez que defendió que los jefes de las Farc cuando ya estén desmovilizados puedan hacer política, “en el mundo un proceso de negociación, como el de Colombia, lo que se deriva es la participación en política de la guerrilla”.

Para Cristo, en el país a nadie debería dolerle que se firme el fin del conflicto y que sea el presidente Santos, el que lo logre, “parece que eso es lo que duele y que se trata de dilatar cuando ya estamos a punto de la firma final”.

El Ministro, sin embargo, planteó que desde el Gobierno se mantiene el propósito de encontrar puntos de acuerdo con todos los sectores, “no se pueden romper todos los puentes”.

Desde La Habana, el negociador y senador Roy Barreras también criticó al expresidente Uribe en su propuesta, e incluso manifestó que la misma tiene trampas.

“Mensaje del expresidente Uribe contiene dos banderillas negras, sofismas contra la paz. No hay capítulo de impunidad ni de elegibilidad para reabrir”, sostuvo el senador Barreras.

CONTRA EL PROCESO

Luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazara una tutela en contra de los avances del proceso de paz, solicitando incluso la suspensión del fallo que avaló el Plebiscito por la Paz, el abogado Tomás Oñate la impugnó.

En un documento de 20 páginas, Oñate insiste en sus argumentos que ahora deberán ser estudiados por el Consejo de Estado y pidió nuevamente que se suspendan de manera provisional “los efectos jurídicos de todos actos administrativos suscritos entre el presidente Santos y las Farc”.

La petición la hace mientras en el Consejo de Estado se estudia una demanda que presentó en contra de la resolución 339 de 2012 que autorizó la mesa de diálogo entre las Farc y el Gobierno nacional.

El abogado Oñate fue más allá en el escrito de su tutela y aseguró que si no la conceden acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para que se suspendan todos los trámites de este proceso de paz viciado”.