Corte ordena proteger prostitutas venezolanas que trabajan en el país

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo y a Migración Colombia para que en tres meses realicen una visita al lugar para verificar que allí no trabajan prostitutas de manera forzada.

La Corte Constitucional ordenó proteger a las mujeres venezolanas que prestan servicios sexuales en el país, a fin de determinar en qué condiciones están e incluso darles documentos que permitan hacer su trabajo sin ninguna vulneración.

“En caso tal que personas extranjeras decidan desempeñarse como trabajadores sexuales en Colombia, estas entidades deben apoyarlas en la consecución de sus visas de trabajo y demás documentos que les permitan laborar en forma regular y sin persecuciones o vulneraciones de ninguna clase”, señaló la Corte.

En fallo de tutela, la Corte protegió el derecho a ejercer dicha profesión, pero hizo un llamado a las autoridades para verificar si las mujeres venezolanas lo están haciendo con pleno consentimiento o si se trata de casos de trata de personas.

En el caso concreto, la Corte dijo que se debe verificar la condición de cuatro prostitutas venezolanas que trabajaban en una taberna en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, indicó que se tiene que tener en cuenta la situación que derivó en su migración al país y recordó que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prohíbe que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona.

Reabrir taberna

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio a la hora de ordenar la reapertura provisional de una taberna en dicho municipio, que había sido cerrada por una resolución de junio de 2016 y que había sido reubicado a 100 metros de un colegio.

La Corte dispuso que la taberna, en donde trabajan 15 prostitutas, solo puede funcionar en horario nocturno, de manera que no se crucen las labores del negocio con las del colegio.

Igualmente, se ordenó a la dueña del establecimiento a asegurar que el lugar cumpla con las condiciones de dignidad, seguridad, sanidad y salubridad adecuadas para las personas que realicen trabajos sexuales en ese lugar.

Asimismo, la dueña “debe garantizar a sus trabajadores todas las prestaciones sociales y laborales, consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano, principalmente las de ser vinculados al sistema universal de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, y a percibir prestaciones sociales como las cesantías y primas de servicio”.

Dato

La alcaldía de Chinácota debe crear programas de generación de empleo, que ofrezcan oportunidades laborales alternativas para las trabajadoras sexuales. 

Credito
COLPRENSA

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