En apenas dos semanas 12 mil internos a quienes no se les ha resuelto su situación jurídica podrán recuperar su libertad. Así quedó establecido en la ley 1786 de 2016, la misma que fue prorrogada por un año, puesto que debía haber entrado en vigor el 6 de julio de 2015 (L.1760).

“Sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año”, fue el cuestionamiento hecho por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en un claro rechazo a la posibilidad dispuesta con dicha normativa.

“Eso va a dar lugar a excarcelaciones masivas”, alertó Martínez, un mes antes de la entrada en vigencia de la medida que da luz verde a la avalancha de solicitudes de libertad.

“Las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año”, dijo Martínez, y precisó que en la medida en que el ente acusador sea mucho más efectivo, la problemática para el sistema penal acusatorio será mucho mayor. Lo cierto es que a la fecha más de 100 mil audiencias están represadas por cuenta de la falta de alternativas del sistema judicial.

VIiabilidad de Ley

La representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien presentó algunos reparos a la norma, considera que esta es viable en la medida en que soluciona en parte el hacinamiento carcelario.

“La ley es un paso más que debe dar la justicia colombiana, pues muchos de los ahora detenidos no pueden ser castigados por la negligencia de los jueces”, precisó la congresista, y resaltó que es importante que las entidades de seguridad y de justicia revisen cada caso, tal como está sucediendo con los amnistiados de la guerrilla de las Farc, y agregó que la justicia debe hacer análisis sobre los delitos catalogados como leves.

Este concepto fue respaldado por Alfredo Rangel, del Centro Democrático, al señalar que las autoridades deben tomar las medidas pertinentes a la hora de dejar en libertad a presuntos delincuentes que pueden reincidir. Ante esto, propuso hacer seguimientos de seguridad a cada persona que recobre su libertad, para evitar que reincida en los delitos por los que son señalados, so pena de regresar a prisión.

“Esta ley ayudará a que más del 40 % de los presos que no han sido condenados defina su situación judicial”, precisó el congresista, quien consideró que la norma está destinada a ser una solución rápida para los procesos judiciales.

Falencias en la justicia

Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad, indicó que el sistema está colapsado por los altos niveles de impunidad y corrupción en las entidades del Estado, por ello aseguró que esta ley es solo “un pañito de agua tibia”. Para él, es necesaria la creación de un ministerio de seguridad pública, que reglamente los derechos de los procesados en el país, que oscilan entre 100 mil y 120 mil reclusos.

En criterio del abogado penalista Francisco Bernate, lo que busca el Gobierno es cumplir a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que consideran que un ser humano no puede ser privado de su libertad sin tener pruebas de su culpabilidad.

“Para la justicia colombiana se ha convertido en práctica común no respetar la presunción de inocencia de los detenidos”, afirmó Bernate y consideró que el error recae en medio de un proceso: “Acá en Colombia se detiene, se lleva a la cárcel y luego se investiga, eso no debe pasar”.