COLPRENSA, MEDELLÍN

Un fuerte llamado emitió ayer el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al Gobierno con tal de que estructure lineamientos de política criminal, orientados a mitigar el colapso que sufre en este momento el sistema penal acusatorio.

Acorde a las cifras del jefe del ente acusatorio, en todo el país hay 112 mil 461 audiencias represadas, de ellas 17 mil 168 son de imputación de cargos, de las cuales ya hay programadas mil 725 a un año.

El reporte que tiene el Fiscal General sobre los procesos judiciales dan cuenta de nueve mil 864 decisiones de jueces pendientes, así como más de 15 mil personas a quienes no les ha sido resuelto su tema jurídico, incluso habiendo aceptado los cargos por los que son acusadas.

El Fiscal en su intervención indicó que el Gobierno nacional debe definir patrones específicos para que rija de forma regular la Justicia Especial para la Paz.

“Creemos firmemente que la JEP está llamada a cerrar jurídicamente el conflicto que vivió el país, además se debe tener en cuenta que de no explicarse los alcances de esa justicia especial, uno de los actores del conflicto se empeñaría en la aplicación de un régimen ajeno a la justicia transicional“, aseveró.

Y reiteró que desde su despacho seguirá combatiendo la criminalidad y la corrupción dentro y fuera de la Institución, que ese es el propósito del órgano desde que empezó a regir.