Martínez aseguró que “lamentablemente estos instrumentos de planeación han servido como mecanismos de corrupción y exigencia a ciudadanos, a constructores o en beneficio de servidores públicos”.

Por estos hechos el ente acusador ya llamó a responder a cinco personas. Se trata de Luis Álvaro Rincón, exalcalde de Mosquera, junto con su esposa Edith Rocio Peñuela; el inspector de Policía, Wilson Romero Castro; el concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y el contratista Ernesto Pinto Salazar, quienes deberán responder por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Para la Fiscalía, los indiciados habrían incurrido en el denominado “volteo de tierras”, que consiste en comprar predios rurales cercanos al casco urbano, para luego incluirlos en zonas de expansión urbana manipulando el POT.

Se presume que los hechos investigados fueron cometidos durante la vigencia 2008-2011 del Plan de Ordenamiento Territorial.

El pasado 30 de diciembre de 2009, el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que días antes había presentado el entonces mandatario local Álvaro Rincón y mediante el cual se modificaba el POT que permitió incorporar un predio rural al suelo.

El ente acusador investiga si el concejal recibió dinero para adelantar el trámite de la iniciativa, toda vez que la modificación del POT permitió ampliar la vía que pasaba por el predio incorporado y el lote se valorizó de 2.200 millones de pesos en 2008, a 3.800 millones de pesos en 2012.

Buscan tumbar a gobernador (e) de La Guajira

La Sección Quinta del Consejo de Estado fijó para el próximo 26 de julio la primera audiencia de la demanda que se interpuso contra de la designación de Weidler Antonio Guerra como gobernador encargado de La Guajira. Se trata de una demanda presentada por el ciudadano Neomar Andrioli en contra del decreto 333 del 1 de marzo pasado, con que el presidente Santos, hizo la designación, luego que el gobernador que había sido elegido en las urnas, Wilmer González Brito, fuera capturado y enviado a prisión por presunto fraude electoral. La demanda afirma que su designación habría sido irregular porque no es afiliado ni militante del mismo partido del anterior. En la audiencia del 26 de julio, las partes podrán solicitar nulidades y pruebas.

Dato

Por utilización indebida de los POT, la Fiscalía General de la Nación ha abierto investigación a 31 de éstos.