El informe, que fue entregado al Congreso de la República, hace énfasis en el riesgo en que están los derechos de las víctimas étnicas, debido a que “la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales”.

El documento señala que la reducción de recursos financieros que no dependen del Sistema General de Participaciones, sumado a las restricciones del Estado, “hace improbable un incremento de recursos para la reparación integral, que respecto de la medida de indemnización apenas alcanza el 7% de la población”.

La comisión dice que “además de las limitaciones presupuestales, aún persisten problemas en la coordinación y articulación de las diferentes entidades del Gobierno que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y, más aún, entre la Nación y las entidades territoriales”.

También se hace un llamado para que se implemente el modelo de corresponsabilidad y se fortalece el compromiso de las diferentes entidades en el cumplimiento de sus obligaciones legales para contribuir a la reparación integral y transformadora de las víctimas del conflicto armado.

¿Sabía qué

las víctimas de violencia sexual aún siguen señalando falencias básicas en la atención en salud física y psicosocial?