Uno de los puntos que plantea el Estado es que se inicie una caracterización de la cadena productiva del oro en los dos municipios, con el fin de formalizar a quienes se dedican a ejecutar estas actividades.

También les propone delimitar las zonas de uso industrial para establecer los territorios donde puedan desarrollar la minería. Esto, con el acompañamiento de ambas alcaldías.

El Gobierno les ofreció la asistencia técnica y ambiental que necesiten para lograr procesos que les permitan la eliminación gradual del uso del mercurio. Adicionalmente, les propuso establecer un cronograma de trabajo para formalizar los titulares mineros y las unidades de producción en ambos municipios.

Otro de los puntos que se incluyó fue la instalación de una oficina minera de soluciones con presencia permanente de la institucionalidad minera y toda la oferta de las autoridades del Departamento, con el objetivo de avanzar en la formalización minera y la reconversión de quienes decidan no continuar en la actividad.

El Ministerio de Minas y Energía les propuso hacer foros para la construcción de propuestas de políticas públicas para el reconocimiento de la minería ancestral y tradicional, con el acompañamiento de la oficina de las Naciones Unidas como organismo internacional observador.