Al cierre de esta edición no se conocían los resultados de la audiencia final del juicio de extradición contra Andrés Felipe Arias, por las irregularidades detectadas en el programa de subsidios agrarios, llamado Agro Ingreso Seguro.

Arias, quien ha argumentado que se trata de un juicio con motivaciones políticas, fue solicitado en extradición por el Gobierno de Colombia por los cargos de “malversación de fondos a favor de terceros (peculado) y celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales”.

El exministro de Agricultura durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en 2014 en Colombia a más de 17 años de cárcel, compareció ante el juez federal estadounidense John O’Sullivan.

Audiencias previas

Las audiencias previas se centraron en la discusión sobre si había “condiciones especiales” para la libertad bajo fianza, que le fue otorgada tras pasar tres meses encarcelado, pero especialmente en determinar la vigencia del Tratado de Extradición suscrito en 1979 por ambas naciones.

El juez O’Sullivan señaló en febrero pasado que el tratado de extradición entre ambos países “está vigente” por acuerdo entre los gobiernos de estas naciones y rechazó así una moción de la defensa que argumentaba lo contrario.

“La evidencia establece que la posición oficial de la ramas ejecutivas de Estados Unidos y Colombia es que el tratado de extradición permanece en pleno vigor y efecto”, aseguró el juez O’Sullivan en esa ocasión.

El juez acogió así el argumento de la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno colombiano y que ha subrayado que son “irrelevantes” desde el punto de vista de la extradición las opiniones de la defensa sobre aspectos políticos de Colombia.

La Fiscalía asegura que es “poco lo verdaderamente relevante que queda en disputa”, sobre si Arias debe o no ser extraditado, e insta a O’Sullivan a que “certifique al secretario de Estado la extradición por cada uno de los cargos”.

El exministro sostiene que el tribunal no tiene jurisdicción.

Dato

Arias, viajó a Estados Unidos en 2014, justo antes de que se diera a conocer la sentencia en su contra y al poco tiempo presentó una solicitud de asilo.

Dato

Arias siempre ha afirmado su inocencia y asegurado que es un perseguido político de la actual Administración de Juan Manuel Santos.