Aunque el jefe negociador del Gobierno nacional en los diálogos con el Eln, Gustavo Bell, viajó a Quito, Ecuador, para buscar el reinicio de las conversaciones, la incertidumbre sobre el futuro de este proceso de paz se mantiene por parte de los analistas.

El viaje de Bell fue anunciado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien aseguró que este tiene la responsabilidad de explorar la posibilidad de un nuevo cese al fuego que permita continuar con las negociaciones de paz con esta guerrilla.

El Eln también ha mostrado su disposición para continuar con la mesa de diálogos y avanzar en los temas a discutir dentro del quinto ciclo de negociaciones, que tenía que haber empezado el pasado 10 de enero, pero que fue suspendido por la ola de violencia generada en el país por el grupo subversivo.

Los jefes negociadores de ambas delegaciones adelantaban ayer una reunión, en la que se esperaba definir la fecha del reinicio del quinto ciclo de conversaciones.

Voluntad de las partes

El profesor de la Universidad Nacional, Víctor de Currea, aseguró que la reanudación de las conversaciones mostraría la voluntad de las dos partes “de continuar con la mesa y seguir las conversaciones bajo un nuevo cese al fuego y desarrollar la participación de la sociedad en los diálogos”.

Por su parte, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, consideró que los países garantes han hecho un gran trabajo que ha permitido unas mínimas condiciones para establecer el nuevo cese bilateral al fuego, “en esto nos vamos a tardar más o menos 20 días o un mes, y es importante porque cobija el periodo electoral”.

De Currea señaló que con este ciclo se espera que se logren acuerdos que permitan avanzar en los puntos de negociación. “El problema no es el cese, porque este es un medio no un fin, entonces independientemente del mecanismo que se opte, lo importante es que la decisión final que se tome permita avanzar en el proceso de paz”.

Dato

La Defensoría del Pueblo alertó que en tan solo cuatro días, más de 1000 personas fueron desplazadas por actos violentos en el territorio nacional.