“Vamos a iniciar este proceso de manera coordinada entre Gobierno y Fiscalía para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia y creo que eso es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país”, afirmó Santos luego de firmar la ley en Bogotá.

En septiembre de 2017, el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país y que es liderada por Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, expresó su deseo de someterse a la justicia.

“Espero que este paso se dé lo más pronto posible, el Gobierno está listo, la Fiscalía está lista y si estos señores cumplen con lo que han venido diciendo será un paso muy importante para la seguridad del país”, dijo el mandatario.

Por otra parte, explicó que el vicepresidente, Óscar Naranjo, así como otros miembros del Gobierno y de la Fiscalía han tenido “conversaciones” con abogados que representan al Clan del Golfo para su sometimiento.

“Lo que nos han dicho es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso (...) Vamos a iniciar este proceso en forma coordinada entre el Gobierno y Fiscalía para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia”, reiteró.

Santos dijo además que la iniciativa es “clave para el futuro del país” y permite seguir cumpliendo el acuerdo de paz firmado con la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.

“Esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva, su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales”, afirmó el mandatario.

Según el presidente, la ley de sometimiento fortalece las normas y mecanismos existentes para “enfrentar de manera más efectiva y más contundente” a las bandas criminales, así como establece “un procedimiento especial” para que los grupos armados organizados, como conjunto, se sometan a la justicia.

“Esto y que quede muy claro, no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional. De ninguna forma”, resaltó.

Por otra parte, Santos señaló que “la sujeción a la justicia en ningún caso impedirá la extradición de los miembros de estos grupos” y agregó que “quienes se sometan podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero las pueden perder si incumplen los compromisos”.

“El sometimiento colectivo tiene una rebaja de hasta de la mitad de la pena, si se cumplen los compromisos”, destacó.

Por su parte, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que, de someterse, serán cerca de 5.000 y 6.000 hombres en armas los que lo harán.

“Lo más importante, a juicio de la Fiscalía, son los nuevos instrumentos de judicialización que no tenía el Estado”, añadió Martínez.