Santos convocó a un pacto nacional de rechazo a ese serie de asesinatos que ha movilizado a miles de colombianos. El viernes las inusuales protestas con velas se llevaron a cabo en varias ciudades del país en medio de nuevos ataques.

"Asumimos el compromiso de sumar esfuerzos, desde cada uno de nuestros ámbitos de competencia, para proteger a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos", señala la declaración promovida por el gobernante, quien dejará el poder el 7 agosto. 

Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz que condujo al desarme del que fuera el grupo rebelde más poderoso de América, han sido asesinados 311 activistas, uno cada tres días, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman). 

Con corte al 30 de junio último, la estadística ha seguido creciendo con la muerte en los últimos días de al menos dos mujeres que promovían la defensa de las garantías fundamentales en el noroeste y suroeste del país.

La mayoría de los cientos de homicidios han ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal, como los departamentos del Cauca (78 asesinatos), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18) y Valle del Cauca y Chocó, ambos con 16. 

El presidente Santos defendió los esfuerzos del gobierno para dar seguridad a los dirigentes sociales, que en algunas situaciones han sido atacados por promover la sustitución de cultivos de coca.

"Cerca de 5 mil defensores de derechos humanos y líderes sociales se protegen al año. Y seguiremos fortaleciendo aún más las estrategias de protección", sostuvo en su cuenta de Twitter.

El mandatario invitó a su futuro sucesor, el derechista Iván Duque, y a los dirigentes de los partidos políticos a sumarse a la iniciativa. 

"Reitero mi absoluto y categórico rechazo a los asesinatos y ataques de los que han sido víctimas, y le ratifico al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames", dijo en un acto público.

Aunque las autoridades han desestimado que se trate de una campaña sistemática de eliminación de activistas, en varios casos han acusado a grupos narcotraficantes, rebeldes disidentes de las disueltas FARC y del ELN como presuntos agresores.