Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Farc, en diciembre de 2016 hasta la fecha, han sido asesinados 130 excombatientes que se unieron a las zonas de reincorporación y normalización.

El caso más reciente y que generó gran revuelo a nivel nacional fue el asesinato de Dimar Torres, en la zona de El Catatumbo, a manos de un cabo del Ejército nacional y que trató de ocultar el cuerpo.

Tras la polémica muerte del excombatiente de las Farc, al miembro del Ejército, que fue enviado al batallón Terrestre 11, le fue endilgado el delito de homicidio en persona protegida.

¿Existen garantías para los guerrilleros que le apostaron a la paz? Expertos respondieron y fijaron sus posiciones frente al tema de seguridad.

Diversas etapas

Andrés Stapper, director nacional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, explicó la manera como se ha venido cumpliendo con el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc.

Precisó que en conformidad con el Acuerdo suscrito en la Habana, la reincorporación tiene diferentes etapas como las garantías socioeconómicas del proceso de reincorporación que es el acceso a servicios sociales y servicios económicos que les permite a ellos apalancar su tránsito a la legalidad.

Explicó Stapper que otro punto es la reincorporación política, es decir, todo lo que tiene que ver con el centro de pensamiento toda la participación de ellos en los escenarios como el Congreso, así como la participación en las elecciones.

La seguridad

Recordó que otro punto central que se definió en el Acuerdo de la Habana es respecto a la seguridad de los excombatientes y para ello “se fortalecieron los esquemas de protección que se brindan en los espacios territoriales donde ellos adelantan su proceso de reincorporación colectiva, sus proyectos productivos, sus enfoques comunitarios y sociales” y se adelantan a través de una metodología que es la metodología de carpa azul donde las fuerzas militares y de la institucionalidad en cada uno de los territorios se articula para brindar las medidas de seguridad a esta población.

El director de la ARN manifestó que también se contempló el fortalecimiento de la unidad nacional de protección con la creación de una subdirección técnica y se definieron 1.200 escoltas que eran población de confianza de las Farc para protegerlos tanto al partido político como a las diferentes personas que hacen parte del proceso de reincorporación y a la fecha se tienen más de 199 esquemas de seguridad implementados por la Unidad acorde con el Gobierno.

Panorama difícil

El senador Antonio Sanguino, integrante de la Comisión de Paz, considera que a los excombatientes les ha tocado un proceso de reincorporación en un contexto bastante difícil porque por un lado se tiene un escenario de asesinato de líderes sociales, de dirigentes de oposición y de amenazas que han cobrado la vida de 450 líderes sociales y adicionalmente 130 excombatientes han sido asesinados.

De acuerdo con Sanguino “no estamos hablando de hechos aislados sino de una circunstancia especialmente compleja y difícil y como parte de ese contexto también hay un discurso descalificador y estigmatizante en contra del acuerdo de paz liderado por el propio Gobierno por la bancada del Centro Democrático que sirve de telón de fondo de estos asesinatos”, entonces si el Gobierno no cambia el discurso y no envía mensajes de respaldo al Acuerdo de Paz sino que por el contrario estigmatiza, descalifica y los acusa de terroristas, cualquiera puede atentar contra sus vidas, y esto fue precisamente lo que pasó con Dimar Torres.

Siguen confiando

Sin embargo, el Senador Sanguino asegura que “ellos han decidido mantenerse en el Acuerdo y cumplirlo, pero a nosotros nos corresponde como sociedad exigirle al Gobierno protección para sus derechos y para su vida y lo propio lo ha venido haciendo las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Misión de Verificación del Acuerdo”.

Asegura el Senador de la Comisión de Paz que “el acuerdo en general está en un momento crítico porque los proyectos de reincorporación económica y social ofrecen unos porcentajes muy inferiores a las expectativas de reincorporación que podría esperarse después de dos años de la firma del Acuerdo.