De acuerdo con el documento, los hechos expuestos se cometieron en los municipios de Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Arauca. Una de las conclusiones que arroja el informe es que en la mayoría de los casos hubo manipulación de la escena del crimen ya que se determinó que las inspecciones forenses a los cadáveres se hicieron en lugares diferentes de donde se perpetraron los crímenes.

Las organizaciones autoras del documento, manifiestan que “la mayoría de las víctimas eran campesinos, tres de ellos líderes sociales y dos comunales de la región, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate”.

La radicación se hizo ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y hace mención a los casos en los que tendrían responsabilidad militares de la Segunda División del Ejército Nacional, específicamente de las Brigadas 18 y Móvil No. 5.