La determinación del alto tribunal se tomó porque los pozos son para la producción de gas en las que se usan técnicas que en este momento están prohibidas en el país.

La puja de todo ello se dio luego de que en noviembre de 2018, el alto tribunal suspendió las normas que regulan el uso del fracking y la exploración de yacimientos no convencionales, esto mientras se avanza con la demanda que llegó a la corporación.

En este caso, la decisión del alto tribunal le ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que suspenda la actividad de la producción de los pozos de la Drummond en un plazo máximo de tres meses, en caso de no acatar esta orden habrá multas por cada día de retraso.

Esta multa deberá ser pagada por el Ministerio de Minas, en cabeza de María Fernanda Suárez. Según la providencia, ese plazo empieza a regir una vez la decisión quede en firme, ya que la empresa o el gobierno pueden interponer un recurso para revocarla.

Además de ello anunció que que la ANH deberá adoptar medidas destinadas al control y mitigación efectivos de los riesgos generados con las agua de retorno residuales, desechos y demás residuos asociados con la producción de dichos pozos.

Del mismo modo, la entidad de la mano y supervisión del Ministerio de Minas deberá adoptar mejores prácticas y técnicas que minimicen los impactos negativos de toda índole en aplicación de la orden impartida por el alto tribunal.

Igualmente, en la providencia el Consejo de Estado solicitó a la Procuraduría y a la Contraloria que acompañen el cumplimiento de lo ordenado, y en caso de incumplimiento, se generen las investigaciones pertinentes.

El Consejo de Estado dejó claro que esta decisión se registró con el único fin de evitar la afectación al medio ambiente.