La audiencia había sido convocada a las 2:00 de la tarde de este jueves, pero se inició poco antes de las 6:00, haciendo un recuento de los elementos expuestos por el representante de la Fiscalía.

La jueza del caso avaló todas las tesis del delegado del búnker y dicto medida de aseguramiento en contra de los seis detenidos, por lo que ahora los procesados serán llamados a juicio. La Fiscalía sostuvo que era necesaria la medida dado que, de no imponerse, los detenidos podrían salir a otros departamentos o, incluso, refugiarse en Venezuela.

Durante las primeras sesiones, la Fiscalía expuso una serie de audios y pruebas documentales con las que intenta demostrar que Jaime Hernando Olarte, David Ravelo Gutiérrez, Yéiner Avendaño, Víctor Hugo Ruiz, Yeison Franco y Julio Martínez Táutiva hacen parte de las células urbanas que reciben órdenes de las disidencias de los frentes 1, 7 y 10.

Entre esos cabecillas está Gentil Duarte, de quien se dijo ante el estrado que su enlace en Bogotá es, presuntamente, Ravelo Gutiérrez, hijo de David Ravelo Crespo, quien estuvo en prisión por un crimen que no cometió, de acuerdo a la versión de los abogados que lograron su libertad luego de 2440 días.

Duarte también tenia contacto directo con Olarte, a quien conocían con el remoquete de ‘la Bruja’. Estos dos, sostuvo el delegado del búnker, sostuvieron una reunión en junio pasado en San José del Guaviare para coordinar las actividades que ejecutarían en Bogotá.

Según lo conocido hasta ahora en estas sesiones, en las órdenes impartidas a estas células se les instruyó que en el segundo semestre de 2019 se tenía que impulsar un paro nacional en el que se demostrara el poder bélico que tenía esa organización. Para este cometido, dice el fiscal del caso, lo que se buscaba era reclutar jóvenes de las universidades Nacional y Pedagógica, así como de la ESAP y del Colegio Mayor de Cundinamarca.

Una de esas estructuras urbanas es conocida con el nombre de Jorge Briceño (alias ‘Mono Jojoy’) y tenía células en varias localidades de Bogotá. Estas células están compuestas por tres personas de diferentes sectores de la ciudad, respondiendo a una vieja estrategia táctica de las guerrillas comunistas y que se conoce con el nombre de triada: tres personas designadas para una misión, pero que no se conocen entre sí.

“Los militantes que conforman la estructura urbana cuentan con trayectoria en el interior de la organización y hacen presencia en la Universidad Nacional, la Pedagógica y en la Esap”, dice uno de los documentos que supuestamente fueron decomisados en los allanamientos de las autoridades.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, terrorismo, porte de armas y homicidio que les endilgó el ente acusador.

Sobre estas detenciones la alcaldesa Claudia López indicó que las pruebas que se tienen son “sólidas en contra de estas personas que usaron vandalismo y violencia, cosa que está comprobada, y no se trata de personas que se alteraron un día y salieron a hacer vandalismo, sino que son infiltrados pagados por grupos armados ilegales, casi todos ellos por grupos residuales de las extintas Farc”.

Para la mandataria capitalina es claro que los procesados pretendían alterar la verdadera esencia de la protesta social que se ha desarrollado en la ciudad para exigir una serie de mejoras por parte del gobierno.

En las interceptaciones telefónicas, los implicados hablan en clave. En una de esas llamadas mencionan la frase “se dañó la comida” que fue interpretada por la Fiscalía como una falla en la fabricación de explosivos que pretendían usar en las manifestaciones.

Las autoridades presentaron ante un juez los elementos para la fabricación de estos artefactos que, aparentemente, hallaron en la residencia de Víctor Hugo Ruiz. Pólvora negra, plomo azufre y aluminio en polvo son los insumos que reportaron ante el funcionario judicial.

Según el delegado del ente acusador también fueron interceptadas conversaciones en la que los hoy detenidos hablaban de transacciones con cargamentos de marihuana. Todo apunta que con estas rentas ilícitas financiaban parte de la compra de insumos para la fabricación de explosivos.