El silencio del general (r) Montoya por los ‘falsos positivos’

El general retirado, a quien se le acusa dentro del proceso de falsos positivos, aseguró que son los comandantes de batallón y brigada quienes deben responder sobre cómo y por qué sucedieron los crímenes.
En manos de los magistrados de la JEP se encuentra el futuro del general (r) del Ejército, Mario Montoya, quien optó por guardar silencio durante la audiencia de reconocimiento de responsabilidad por los ‘falsos positivos’.
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En polémica terminó la asistencia del excomandante del Ejército Nacional general (r) Mario Montoya Uribe ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dentro del proceso que se adelanta por los llamados ‘falsos positivos’.

En la tarde del pasado jueves culminó la audiencia. El militar retirado optó en un primer momento por acudir a su derecho a guardar silencio.

Esta decisión generó rechazo de las víctimas, quienes consideraron que Montoya “no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional”.

En tal sentido solicitaron a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que se le inicie un proceso de exclusión de la jurisdicción.

Sin embargo, en la etapa final de la audiencia, Montoya respondió a algunos cuestionamientos de los tres magistrados que estuvieron al frente del proceso. Sus respuestas generaron rechazo entre las víctimas, quienes catalogaron las intervenciones como una “burla”.

Una de las declaraciones que más causó controversia fue en la que respondió a la pregunta de uno de los magistrados sobre qué hacer para que crímenes como el de los ‘falsos positivos’ no vuelvan a presentarse.

“Es la pregunta más difícil, lo primero que se pierde en la guerra es la verdad porque es una cosa muy complicada. Diré algo dentro del corazón, hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van a la institución son los de abajo, los de estrato 1, no van los estratos 2, 3, y 4. (A ellos) nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño. Cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil...”, mencionó.

Al término de la audiencia, las víctimas se mostraron indignadas mientras otras lloraban de la impotencia. Además, explicaron que pidieron a la JEP no hacer la tercera diligencia porque Montoya no quiso aceptar su responsabilidad, ni hablar sobre casos en particular o dar nombres.

 

Las implicaciones

Para Juan Felipe García Arboleda, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y experto en Justicia Transicional, la decisión de guardar silencio del general (r) Montoya, estaba dentro de las posibilidades que contempla JEP.

“Desde el punto de vista de las víctimas es una situación compleja, porque lo que estaba en juego era la postergación de la justicia sobre hechos que ocurrieron hace cerca de 15 años atrás. Además, que al avanzar a una instancia de reconocimiento de la responsabilidad, las víctimas asumen, contará toda la verdad”, comentó el experto.

Para García Arboleda, el futuro de este caso depende de la decisión de los magistrados, quienes deberán analizar si la intención de Montoya de acogerse a la JEP fue hecha de buena voluntad o simplemente buscaba dilatar el proceso y ganar algunos de los beneficios de este tribunal. Esto permitiría tomar la decisión de continuar un proceso en esta o si regresa a la justicia transicional.

“Pareciera que el general Montoya está buscando el camino del no reconocimiento de la verdad. Por lo que la JEP puede continuar un proceso en su contra, sin estar ceñido a lo que el compareciente aporte como verdad, sino que entra a comprobarle los delitos que se le atribuyen por lo que estaríamos frente a un proceso parecido al ordinario, sólo que dentro de la JEP”, señaló.

El profesor de la Universidad Javeriana, agregó que desde su punto de vista, este caso marca un precedente que le permitiría a la JEP, en un futuro, determinar las bases para identificar casos de otros comparecientes que lo que buscan es dilatar su proceso ante la justicia ordinaria.

“La decisión de los magistrados debe ser el resultado de un análisis minucioso del caso para determinar la intencionalidad del compareciente. Una decisión que determinaría si realmente el acusado tenía intención de aportar al esclarecimiento de la verdad o simplemente quería dilatar el proceso y de esa manera crear un precedente frente a otros comparecientes”, puntualizó García Arboleda.

 

Víctimas indignadas

Las víctimas anunciaron que el derecho de guardar silencio es contrario al compromiso de aportar a la verdad, según lo previsto en el Acuerdo de Paz, que dispone que “para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de justicia es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

Para las víctimas, Montoya Uribe se acogió a un mecanismo que exige que para beneficiarse con rebajas de penas se deben satisfacer los derechos de las víctimas y colaborar efectivamente con el esclarecimiento de graves violaciones de los derechos humanos.

 

Frase

"... hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van a la institución son los de abajo, los de estrato 1, no van los estratos 2, 3, y 4, nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, como se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil”, Mario Montoya Uribe, general (r) del Ejército de Colombia.

Credito
COLPRENSA

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