La decisión del Ministerio público cobija a la exjefe del Área de Contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Adriana Martínez Sánchez (2010-2015), y al exasesor de esa dependencia, Camilo Alfredo D’costa Rodríguez (2009-2015).

De acuerdo con la investigación disciplinaria, Martínez y D'Acosta aparentemente modificaron uno de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones, lo que al parecer benefició a uno de los proponentes, en detrimento de los otros participantes.

Según el Ministerio Público, el punto aparentemente modificado, exigía a los licitantes presentar certificados otorgados por los fabricantes que garantizaran la existencia y suministro de repuestos para los equipos objeto del contrato.

Para el órgano de control, con su conducta los investigados habrían desconocido los principios de transparencia, economía y selección objetiva del contratista, que exigen respetar las reglas impuestas en los pliegos de condiciones.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los exfuncionarios como una falta gravísima.