En una visita al Instituto Nacional de Salud (INS), el domingo 22 de marzo, el Ministerio Público evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país, a los lineamientos del Ministerio de Salud sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras al INS.

Para la Procuraduría, algunas pruebas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave retroceso y la obligación de volver a tomarlas.

Cada muestra le cuesta al sistema $380 mil aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el transcurso de este reproceso se puedan producir.

La Procuraduría encontró que aunque las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, no contarían con esos convenios. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades territoriales de salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con Covid-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos.

El personal médico

Asimismo, el Ministerio Público exhortó a los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a gestionar y cofinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para personal médico asistencial que labora en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público o privado, que garanticen su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.

“Su operación dará un alivio a los profesionales de la salud, garantizará su movilidad, su seguridad personal y evitará el contacto y potencial contaminación hacia los ciudadanos que se movilizan en medios de transporte público”.