Claudia Toledo, quien fue asesora y secretaria de Infraestructura durante la gobernación de Richard Aguilar, en una entrevista concedida a la W Radio, confesó que recibió 150 millones de pesos como coima en contratos otorgados por el hoy senador. Además, está dando información a la justicia sobre cómo, a ‘dedo’, se realizaba la contratación durante el periodo de gobierno departamental 2012-2015.

Según Toledo, a través de sus asesores, Aguilar decidía quiénes debían ser ejecutores de la contratación del departamento.

Claudia, quien junto a su esposo se encuentra en prisión domiciliaria, a la espera del juicio por las irregularidades contractuales en el contrato de obra para reforzar la estructura del Estadio Alfonso López, rinde declaratoria ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, en búsqueda de un principio de oportunidad.

“Antes de iniciar a referirme a los contratos y a lo que han mencionado, quisiera que me permitieran hacer una explicación corta de cómo se manejaba la contratación”, es el inicio de la entrevista entregada por Toledo a la W Radio.

“Me vinculé a esa administración en 2012 como asesora por un contrato de prestación de servicios y desde 2013 y hasta abril de 2015 como secretaria de Infraestructura (departamental) y en algunas ocasiones como gobernadora encargada”.

Dice que como secretaria de despacho pudo observar las irregularidades de cómo se adjudicaba la contratación a dedo, por instrucción de Richard Aguilar.

Agregó además que ante los medios no dará información tan precisa debido a la reserva de la investigación y por respeto a la Corte Suprema de Justicia.

“De manera general he relatado la manera como se manejaba la contratación, todos estos direccionamientos por instrucciones del exgobernador Richard Aguilar. De cómo a dedo direccionaba los contratos, de cómo funcionaba una estructura administrativa que antes no existía en donde un grupo de profesionales, coordinados y supervisados por asesores de confianza del gobernador, se reunía para confeccionar pliegos a vincular requisitos habilitantes que estaban acorde a unos requerimientos que tenían estas personas que previamente habían sido determinadas para que se les adjudicaran estos procesos”.

Una de esas declaraciones hace referencia puntualmente a la obra del reforzamiento del Estadio Alfonso López, por el que Toledo acepta haber recibido 150 millones de pesos.

“Es un proceso penal de conocimiento público. Como secretaria de Infraestructura lo adjudiqué y firmé contrato. En ese contrato el señor gobernador Aguilar nos hace un ofrecimiento a mí y a un asesor de mucha confianza, Julián Jaramillo. Nos dice que nos ofrece ese contrato para que lo ejecutáramos a través de un tercero y que saquemos utilidades (...) que me reuniera con Julián porque el proceso había que sacarlo de manera rápida”.

La exsecretaria de Infraestructura cree que el ofrecimiento fue en contraprestación al trabajo que habían desempeñado, ya que por esos meses había mucha coyuntura con proyectos muy grandes y de muchas cuantías que para el gobernador eran muy importantes.

“Recibí 150 millones de pesos, lo he dicho a la Fiscalía y a la Corte, he reconocido mi error. El asesor recibió la misma suma”.

En cuanto a lo recibido por el gobernador manifestó que serían unos “500 millones (...) pero el contratista ha mentido, no contó para quién eran esos pagos y quién tiene esos dineros”, agregó Toledo.

Sobre las razones que la llevaron a dar su declaración, manifiesta que “la intención es recuperar nuestras vidas, limpiar nuestra conciencia, he reconocido que cometí un error, ante la justicia y mi familia, he querido colaborar”.

Lo que dice la defensa de Richard Aguilar

Ante estas declaraciones, Iván Cancino Abogados, emitió un comunicado a la opinión pública de la defensa del ahora senador Richard Aguilar, en el que manifiestan que las declaraciones rendidas por la implicada en el proceso penal, “no corresponden con la realidad”.

“Esta declaratoria es claro ejemplo de cómo buscan utilizar el principio de oportunidad para lograr beneficios incriminando sin sustento probatorio a terceras personas”.

“Esta defensa ha presentado ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Fiscalía de Bucaramanga las razones para que no se apruebe el principio de oportunidad por innumerables contradicciones en sus dichos y porque no corresponden a la verdad las afirmaciones que realiza frente a nuestro apoderado.

“En sus declaraciones la señora Claudia Toledo, además menciona otras personas que han negado de manera insistente las imputaciones que quiere hacer la señora Toledo frente al señor Richard Aguilar”.

“Esta defensa ha presentado ante la honorable Corte Suprema de Justicia los elementos que permiten dejar incólume la inocencia de nuestro cliente y desmienten a la señora Toledo y su esposo”.

Por su parte, Jaime Lombana, representante de Toledo, en respuesta al comunicado de Iván Cancino, expresó que: “Frente a lo dicho por el defensor respondo: 1. Claudia Toledo dice la verdad soportada en documentos y otros medios de prueba, 2. La Fiscalía General conoce a profundidad lo que sucedió en el Alfonso López, y Santander confía en una justicia objetiva y eficaz”.

Dato

Toledo señaló que las reuniones de esa estructura de la contratación se realizaban en una casa cercana a la Gobernación.