Lo que ha trascendido es que se ordenaron tareas de policía judicial en las oficinas e iglesias en donde trabajan los sacerdotes hoy suspendidos. La diligencia como tal, inicialmente, fue una inspección con la que buscaban recolectar datos.

Hasta el momento no se ha decidido vincular a ningún sacerdote o miembro del clérigo por medio de una orden de captura. La investigación judicial se suma a la que en su momento la iglesia católica anunció que se adelantaría por estos hechos.

El origen de este escándalo empezó el pasado 14 de febrero, luego de que un hombre mayor de edad interpuso una denuncia en contra de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio y los acusó de hechos en contra de la moral sexual.