La entidad informó en un comunicado que a través del memorando 005 de marzo de 2020, la entidad designó a los procuradores Judiciales Agrarios y Ambientales para que confirmen que a las comunidades campesinas se les garantice el desarrollo a ejercer sus actividades, en condiciones de seguridad adecuadas ante la expansión del Covid-19.

Esto implica que cuenten con implementos necesarios como guantes y tapabocas.

Igualmente, estos funcionarios se encargarán de vigilar que se suministre el mínimo vital a los campesinos mayores de 70 años, quienes por su edad tienen restringida la circulación, y su subsistencia depende del ingreso que obtienen por su actividad agrícola o pecuaria.

Los gobiernos locales, con el apoyo de autoridades departamentales o nacionales, también tienen la responsabilidad de hacer un control de precios y evitar el acaparamiento, tanto de alimentos como de otros bienes necesarios para la atención de la emergencia.

Así mismo, deben promover los mercados locales e implementen estrategias, como los llamados circuitos cortos de comercialización, para asegurar el abastecimiento de las comunidades.

Dato

También vigilarán la adopción de las medidas de bioseguridad en los procesos de producción, poscosecha, acopio, distribución y comercialización.