Pese a las condiciones de vulnerabilidad, las familias encontraron en el Acuerdo de Paz una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, y de forma voluntaria decidieron vincularse al PNIS, pero la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación los excluyó del programa que les iba a permitir salir de la dependencia estructural del cultivo de hoja de coca y acceder a proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria.

No obstante, en un fallo reivindicatorio con los derechos de esta población campesina, el alto tribunal de Bogotá consideró procedente la tutela que interpuso este grupo de ciudadanos y ordenó dejar sin efectos las decisiones de la Consejería y reintegrarlos de manera inmediata al programa.