El acto legislativo pretendía crear esa nueva forma de organización territorial para Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. Sobre ese objetivo había consenso, pero la manzana de la discordia fue un parágrafo del proyecto, en el cual se daba vía libre a que en la amazonía se pudiera hacer estudios de exploración en diferentes campos.

La disposición, propuesta por representantes de la bancada de gobierno, decía: “se podrán expedir normas especiales en materia ambiental, administrativa, fiscal y poblacional, que fomenten la investigación científica, el turismo, el desarrollo del comercio y formas de explotación sostenible de los recursos, previa consulta a las comunidades directamente afectadas”.

La norma fue interpretada de inmediato por líderes de la oposición como una puerta abierta para permitir la explotación de recursos naturales y en especial de hidrocarburos en la selva amazónica, echando para atrás normas que impiden este tipo de actividades en parques naturales.